Enrique Peña Nieto (EPN) y Josefina Vázquez Mota (JVM) publicaron ayer en El Universal sus propuestas en materia de seguridad y justicia penal. EPN abre su texto criticando el error de Calderón al haber centrado su estrategia en el uso de la fuerza. Coincido con esta observación que algunos hicimos desde inicios del sexenio. El candidato dice que habrá de colocar al ciudadano en el centro de la estrategia de seguridad, avanzando así al paradigma de la seguridad ciudadana; se impone un compromiso descomunal al ofrecer construir la política de Estado que no ha llegado a pesar de haberse creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 1996. Habla de construir un consenso amplio y supongo que anticipa un escenario de más fácil procesamiento de acuerdos al proyectar el dominio del PRI en la geografía política nacional. Sube la jerarquía de importancia de una estrategia de prevención del delito enfocada en las causas del mismo.
Las demás ideas expuestas por EPN en términos generales no innovan, excepto una. Seguramente inspirado en los modelos de España y Francia propone crear la Gendarmería Nacional, a la manera de una policía militarizada con mando civil y encargada de intervenir en el combate al crimen organizado “en los municipios de mayor debilidad institucional y operativa”. La idea es sumamente interesante porque parece adoptar un camino intermedio de manera que no deja en las Fuerzas Armadas esta tarea y tampoco la entrega a la Policía Federal. La propuesta implica que contaríamos con una Policía Federal de aproximadamente 70 mil miembros (propone duplicar los que ahora tiene), policías estatales únicas y la Gendarmería Nacional. Operadores de España y Francia me han explicado que la existencia de sus policías nacionales y gendarmerías siempre les ha garantizado equilibrios y contrapesos entre ambas instituciones. Se limitan de manera recíproca. En México puede funcionar igual y en tal caso sería un gran acierto. Tres principales preocupaciones me deja la propuesta de EPN; la primera es la falta de contenidos en el tema de prevención, la segunda es la incomprensión de la relevancia municipal en la reconstrucción del tejido social y la tercera es su débil enfoque en derechos humanos.
Mal hace JVM cuando no pondera con claridad el tamaño de la crisis de inseguridad y violencia de cara a la estrategia de Calderón. No hay deslinde y no hay oferta de continuidad. Se mueve en tonos grises de la crítica y pierde así la oportunidad de construir esperanza desde el cambio, desde la diferencia de la que habla para calificarse a sí misma.
En cambio, acierta de manera destacada cuando coloca en el centro de su propuesta la reconstrucción de la confianza entre la policía y la sociedad. Tiene toda la razón, ahí está el nodo crítico del reto por la seguridad. Asocia a ello lo que llama el dominio comunitario a cargo de los policías y los ciudadanos, ya no de los delincuentes, idea que parece acercarla a una mejor comprensión en el sentido de que la seguridad se construye de abajo hacia arriba; sin embargo, en otra parte del texto afirma: “voy a convertir la seguridad de todo el país en un esfuerzo federal centralizado porque ésa es la ruta más rápida para recuperar la seguridad y la paz de México”. Mirada centralista que remata con la oferta de llevar a 150 mil el número de miembros de la Policía Federal. ¡Ah, caramba! O bien existe una profunda confusión en la propuesta de la candidata y sobrepone dos miradas, una localista y otra centralista, o quizá hay una mirada en dos niveles que el texto no explica. En todo caso, se equivoca. Calderón deja evidencias irrefutables del fracaso de la centralización en la seguridad pública.
La historia no contada y bien sabida es el conflicto perenne entre los tres niveles de gobierno provocado muchas veces por la inercia centralista y autoritaria desde el gobierno federal. Fue el flujo de fondos federales hacia el país lo que aceitó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no los acuerdos y la colaboración. La centralización federal que ofrece JVM no ha funcionado y no funcionará.
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