Trinidad de la Cruz, don Trino, fue uno de los principales defensores de los derechos de la comunidad indígena de Santa María Ostula [Michoacán] y con esa convicción se sumó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El 6 de diciembre, cuando la caravana del Movimiento arribaba precisamente a Ostula, fue secuestrado y asesinado.
Para activistas del Movimiento, fue la negligencia de la Secretaría de Marina y la Policía Federal lo que propició el secuestro y asesinato de Trino, pues la primera «movió un retén con el que se contaba, cerca de Ostula», y la segunda «abandono el operativo que había acompañado a la Caravana».
Esto de acuerdo con un comunicado de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que desde la desaparición de Trino exigió «a las autoridades, tanto del orden federal como estatal… cumplir de forma diligente los acuerdos adquiridos recientemente en materia de seguridad para la comunidad de Santa María Ostula».
Aludía a las medidas precautorias dictadas en 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a la desaparición de otros tres líderes sociales en aquella comunidad.
Emilio Álvarez Icaza, a su vez, hizo notar que «el asesinato de Trino es un indicio grave de la vulnerabilidad de los activistas sin que el Estado tenga la capacidad de protegerlos».
Javier Sicilia lamentó que «México viva en un estado paralelo de impunidad y crimen, que deja en la indefensión a activistas de derechos humanos que son asesinados o desaparecidos».
El asesinato de Trino se suma al de Nepomuceno Moreno [noviembre 28, 2011], también activista del Movimiento por la Paz, y al atentado contra Norma Andrade [diciembre 2, 2011], fundadora de Nuestra Hijas de Regreso a Casa, AC, como parte de una ola de violencia extrema contra defensores de los derechos humanos en un contexto de impunidad generalizada.
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