Cuando un periodista es secuestrado o asesinado en México, lo más seguro es que las autoridades «prejuzguen sobre los móviles» y «desacrediten a los periodistas antes de iniciar siquiera cualquier investigación», pues carecen de una «estrategia específica encaminada a investigar los casos o para buscar y localizar a las víctimas».

Así lo denunció la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del 143° periodo de sesiones de dicha comisión [Washington, DC, octubre 27, 2011].

Artículo 19 entregó también un informe que incluye «detalles de casos graves registrados en los últimos años, así como las escasas acciones realizadas por el Estado para remediar la situación y la impunidad prevaleciente».

En dicho informe documenta 15 asesinatos y 3 desapariciones de comunicadores, así como 19 ataques contra instalaciones de medios informativos desde 2010, cuando la Secretaría de Gobernación convocó a un diálogo con reporteros, medios y sociedad civil para crear un mecanismo de protección.

Los resultados de tal diálogo, por cierto, han sido insuficientes, según Artículo 19, pues «los lineamientos de operación en los que debería basar su funcionamiento el mecanismo de protección ni siquiera han sido publicados» y hoy no existe «una instancia señalada claramente a la cual deba acudir un informador en situación de emergencia o riesgo inminente para poder acceder a las medidas de protección».

La impunidad debida a esta situación «alimenta el temor de reportar, denunciar y dar seguimiento a los casos de periodistas desaparecidos» y ante ello los costos para los comunicadores han sido «el exilio o un desplazamiento interno», y para la sociedad «un flujo de información entorpecido».