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Artículo de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal, agosto 24, 2011
Me cuesta trabajo aceptar que haya alguien que necesite más evidencias para aceptar el terrible fracaso nacional en materia de seguridad pública. Puede haber negación derivada de motivos políticos, pero estoy seguro de que cualquier mirada seria y honesta no tiene otro camino que aceptarlo: México no ha logrado construir las capacidades del gobierno y de los gobernados para contener la inseguridad, la delincuencia y la violencia. ¿Todo los hemos hecho mal? No. Hay incontables esfuerzos honestos en las instituciones públicas, entre los actores políticos y desde luego en la sociedad civil, pero ni siquiera estamos en capacidad de hacer un balance nacional que separe las buenas y las malas experiencias y ello se debe a que no contamos con plataformas de aprendizaje formal; a su vez, esto genera un efecto perversamente devastador: los que lo hacen bien no son reconocidos y no alcanzan posiciones de liderazgo para estimular efectos multiplicadores y los que lo hacen mal no pagan las consecuencias. Es el escenario desolador que deja la debilidad o ausencia de plataformas sólidas de rendición de cuentas.
Si las mujeres y hombres que aspiran a la Presidencia no asumen que detrás de la incapacidad de construir comunidades seguras y libres de violencia están un aparato público y un arreglo político disfuncionales, entonces el futuro caótico para México está asegurado; la disfuncionalidad se sostiene del debilitamiento crónico de todos los mecanismos formales de administración del conflicto y en la exclusión social masiva. La ecuación es simple y aterradora: en la medida en que la vía formal de resolución de conflictos se achica (dilución del Estado), los mismos se resuelven por la vía informal, es decir, en arenas donde gana el más fuerte; a su vez, la fortaleza de quien se impone está asociada a la exclusión que sigue consolidándose como vía de transferencia masiva hacia el delito como una forma de vida. Si los presidenciables no saben que la reconquista de la seguridad pasa por la administración efectiva del conflicto y la reversión de la exclusión social, y que lograr lo anterior demanda una verdadera reinvención de la gestión pública, entonces iremos a la zozobra por tiempo indefinido.
Todo depende, pues, de la caracterización del problema que hagan los aspirantes al Ejecutivo federal. Si la caracterización se basa en los paradigmas de interpretación vigentes basados en los conceptos de seguridad nacional y pública, ya podemos anticipar el fracaso; si, en cambio, se decide innovar acudiendo a los nuevos paradigmas democráticos de la seguridad humana y ciudadana, habrá una oportunidad inconmensurable de cambio. Si se decide mirar la experiencia de México como el referente central de aprendizaje, la mirada será estrecha y la oportunidad de aprendizaje se reducirá dramáticamente; si, por otro lado, se mira hacia el mundo a la manera de vitrina pedagógica, entonces el espectro de posibilidades se multiplicará de manera exponencial.
La historia llama a un Ejecutivo que revierta lo que Marcelo Saín, experto argentino, llamó el «desgobierno político de la seguridad», es decir, la renuncia que los gobiernos de todos los partidos en América Latina hicieron con respecto a la construcción de políticas integrales y democráticas en el sector de la seguridad, renuncia que implicó entregar la conducción de la agenda de la seguridad a las instituciones armadas, policiales y militares. Si bien hay procesos en la región de reversión de ese desgobierno, México aún no es el caso. Calderón y la gran mayoría de los titulares de los ejecutivos estatales y municipales son la viva expresión de esa cesión a las instituciones armadas de las decisiones fundamentales ante la inseguridad, la delincuencia y la violencia. Estas instituciones mantienen espacios de autogobierno que las saca de las posibilidad de insertarlas en una bolsa de seguridad integral y multiagencial; eso es producto de una decisión política y se llama desgobierno.
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