• Columna de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal, abril 17, 2011

Afortunadamente muchos repiten una y otra vez que México requiere políticas integrales de seguridad, desafortunadamente muy pocos saben lo que eso quiere decir. La experiencia de otros países buscando superar este paradigma caduco nos puede ayudar a entender dónde estamos.

En Argentina nació en el 2009 el Acuerdo para una Política de Seguridad Democrática. Se trata de una «alianza multisectorial destinada a diseñar e implementar políticas que brinden soluciones eficaces frente al problema de la inseguridad, desde una perspectiva respetuosa de los derechos y las libertades de los ciudadanos». El acuerdo está en el proceso de articular su implementación y tiene un potente contenido aleccionador para México (sugiero la lectura íntegra del espléndido texto en el blog asd.org).

Me concentro en lo que se refiere a la «Gestión democrática de las instituciones de seguridad». Dice el pronunciamiento: «Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución [civil quiere decir no policial mi militar]. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales.

La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de «estados mayores policiales», autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.

Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

Estas ideas se nutren, a su vez, de diez años de maduración reflexiva que llevaron a los más reputados expertos argentinos a la construcción del concepto «gobierno civil de la seguridad»; expertos que, a través del acuerdo citado, han puesto en marcha una alianza académica y política que provee una verdadera alternativa a lo que llaman la demagogia punitiva y que en México conocemos como el populismo punitivo.

Concentrémonos en el fondo aleccionador de este concepto. Tanto en Argentina como en México la clase política se desentendió históricamente del manejo de la seguridad, entregando su conducción a las instituciones armadas policiales y militares. De ello se  siguió la incapacidad de construir políticas integrales.

México aún no logra organizar alianza social y política alguna que, a cielo abierto, se pronuncie por una ruta distinta a la que centraliza los brazos policial y militar. El documento de Argentina puntualiza que las estrategias de abordaje integral implican articular las políticas de seguridad con otras políticas públicas, para complementar las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado.