Con motivo del lanzamiento de la campaña «Violar la presunción de inocencia, ¿cuánto nos cuesta? Insumos para un México con justicia» del  Proyecto Presunción de Inocencia en México (PPIM) de Open Society Justice Initiative (OSJI), en alianza con Renace, Insyde y Reintegra, este jueves [agosto 26, 2010] se dieron cita en la Casa del Risco voces que debatieron acerca del uso excesivo de la «prisión preventiva» en nuestro país y los costos que conlleva, no sólo en lo económico, sino también, y más preocupante, en lo social y familiar.

Para arrancar, presentaron el tráiler del documental Presunto culpable, de Roberto Hernández, que relata la historia de Toño, quien en diciembre de 2005 fue detenido y condenado sin prueba alguna por el crimen de un hombre al que no conocía.

Luego de la proyección, el ombudsman capitalino Luis González Placencia compartió sus impresiones sobre los libros presentados durante la jornada: ¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México y Los mitos de la prisión preventiva en México Segunda Edición, ambos de Guillermo Zepeda Lecuona; Estudio sobre prisión preventiva en Nuevo León, de Miguel La Rota y Katherine Fahnestock; Programas de medidas cautelares. Experiencias para equilibrar presunción de inocencia y seguridad ciudadana, de Martin Schönteich y Denise Tomasini-Joshi.

Destacó que lo que supondría el remedio a la criminalidad, paradójicamente se ha convertido en el caldo de cultivo para la delincuencia y su incremento.

En seguida, Marco Lara Klahr presentó el website del PPIM, de su autoría, como consultor especial de OSJI. Dicho portal busca ser una herramienta de consulta para quien desee conocer más sobre la prisión sin condena sin ser un experto en el tema.

Al término, en la mesa-debate en la que participaron Carlos Puig (periodista), Ana Laura Magaloni (investigadora del CIDE), Javier Carrasco (director del PPIM), Guillermo Zepeda Lecuona (investigador y autor de dos de las obras presentadas) y Eduardo Gallo (presidente de México Unido contra la Delincuencia), se llegó a la clara conclusión de la necesidad de construir un sistema de persecución a la delincuencia bien definido que consolide el Estado democrático de derecho.

El testimonio que dieron Teresa y Alberta, mujeres ñhañhú detenidas, encarceladas y condenadas por el supuesto secuestro y tortura de seis policías federales en Querétaro, en 2006, representó la prueba para comprender lo que significa estar en la cárcel por un delito no cometido, alejarse de familiares y enfrentar a un sistema penal en el que todos somos culpables de antemano y donde demostrar nuestra inocencia se convierte en una batalla desgastante, de años, desesperada y sufrida para quienes están dentro y fuera de la cárcel.

Luis González Placencia comentó las publicaciones de OSJI.

 

En pleno debate, Guillermo Zepeda Lecuona, Ana Laura Magaloni y Carlos Puig.

 

Alberta y Teresa, de viva voz.