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Columna de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal, abril 27, 2010
En dos décadas de estudiar las políticas y los cuerpos de seguridad en México y el extranjero, nunca he conocido proyecto nacional alguno que retire el servicio policial de los municipios, tal como se viene proponiendo en nuestro país. He sabido de modificaciones de muchos tipos en la relación entre la policía municipal y la de niveles superiores de gobierno, así como de casos excepcionales donde algunas instituciones policiales municipales son sustituidas, por ejemplo, por servicios policiales regionales; pero jamás he visto la desaparición masiva de la policía municipal. Lo que se quiere hacer en México podría ser calificado como una rareza y, antes de tomar cualquier postura firme, ¿acaso no sería conveniente preguntarnos por qué no es común en el mundo el retiro de la policía municipal? Tal vez si contestamos a fondo esta pregunta, nos daremos cuenta que la creación de una sola policía en cada entidad federativa tiene posibles implicaciones negativas enormes.
Quien se tome la molestia de consultar las más avanzadas tendencias en la seguridad pública en el mundo, encontrará que la experiencia acumulada, por igual en democracias consolidadas y en desarrollo, arroja lecciones que circulan en la forma de buenas prácticas. Entre éstas se encuentra el concepto de coproducción de la seguridad, que justamente apunta hacia la necesidad de que la gente y sus gobiernos locales trabajen de la mano en las intervenciones encaminadas a construir comunidades que reduzcan la violencia, el delito y la inseguridad. La coproducción de seguridad tiene un sentido profundo en la medida que sustituye la añeja concepción del gobernado en la forma de receptáculo pasivo de las políticas e intervenciones de la autoridad, hacia otra que pone al ciudadano en el rol de partícipe proactivo en la construcción de iniciativas por la seguridad. Nada de esto tiene que ver con que la ciudadanía sustituya a las instituciones, se trata de mecanismos de colaboración en los que la policía y otras instituciones se sientan a la mesa con la gente y juntos piensan qué hacer y cómo hacerlo para trabajar directamente en factores de riesgo que todos logran identificar.
Se multiplican día a día los materiales que prueban la fortaleza de las iniciativas locales para construir comunidades seguras. Véanse, por ejemplo, los 22 casos de éxito derivados del trabajo en colaboración entre autoridades locales y líderes de pandillas, reunidos en el libro Quién la hace en seguridad ciudadana (Ciudad Nuestra, Lima, Perú, 2010), coordinado por Gino Costa, Carlos Romero y Rocío Moscoso (www.insyde.org.mx). Por todos lados se recomienda que el gobierno local se fortalezca como actor clave en la construcción de soluciones precisamente locales para la seguridad, la violencia y el delito. Entonces la pregunta es obvia: ¿en qué posición quedarían los municipios, una vez que se les retire el mando policial, con respecto a esa tendencia mundial? Me queda claro que el mando policial es solamente un componente en una intervención multiagencial para construir comunidades seguras. Quienes vienen proponiendo el modelo de policías estatales unificadas tal vez así lo entienden, tal vez no, pero deben en todo caso responder a esta pregunta. Deben explicarnos cuál sería el modelo de liderazgo político e institucional local en la atención de los factores de riesgo referidos, una vez que se retire la policía de los municipios. Lo dicho, el problema no se agota en quitar o no a las policías municipales. Así planteado, se queda afuera lo más importante, que consiste en responder al reto de dotar a los gobiernos locales de capacidades y liderazgo para construir intervenciones múltiples a favor de la seguridad, de la mano del otro liderazgo, es decir, del que surge de las comunidades mismas. Antes de dar este salto de debilitamiento municipal que nos puede poner en sentido contrario a la tendencia mundial dominante, póngase en la mesa el debate a profundidad y evítese reducirlo artificialmente al problema de la debilidad institucional de las policías municipales.
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