Desde finales de los años ochenta su trabajo como abogado especializado en derechos humanos se ha concentrado en la intersección de la justicia penal, los derechos humanos, la intervención humanitaria y las transiciones políticas, con un enfoque especial en América Latina.

Durante más de diez años, formó parte del Lawyers Committee for Human Rights (actualmente Human Rights First), organización en la que desempeñó una variedad de funciones, destacando la coordinación de proyectos en América Latina y la dirección del programa de protección a abogados y activistas de derechos humanos en riesgo. De 2002 a 2005, radicó en la Ciudad de México, colaborando en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde trabajó en torno a la reforma de la justicia penal y la seguridad pública y dirigió el laboratorio estudiantil sobre el abuso sexual a menores y la trata. Redactó, además, el primer Estudio Empírico de la Administración de los Tribunales y del Debido Proceso en las Acciones Jurídicas de la Ciudad de México. En 2005, fue consultor del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, contratado para desarrollar un curso sobre accountability para los altos mandos de la policía, mismo que Naciones Unidas ofrecerá a instituciones en países de toda América Latina. También diseñó y dirigió proyectos para el Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, organización que ayudó a fundar en 2003.

Actualmente funge como director de programas para Justice Initiative, un brazo con enfoque jurídico de la red de la fundación Open Society Institute, fundada por el filántropo y empresario George Soros.