Mario Campos: ¿Cómo estás, Ernesto?, ¿qué tienes hoy para nosotros?

Ernesto López Portillo Vargas: Bien, Mario. Un saludo a ti y a tu auditorio.

La segunda mitad de la semana pasada fue muy importante para realizar una nueva ponderación del estado en el que, me parece, nos estamos colocando como sociedad. Como recordarás, tuvimos un espacio contigo para platicar respecto a los hechos sucedidos en Tepito [noviembre 26, 2011], y lo que yo intenté hacer fue contribuir a visibilizar este evento en el cual un periodista de Milenio Televisión logró captar, en el momento mismo, la tortura que un policía, acompañado por varios más del Distrito Federal, ejercía contra algunas personas.

Lo primero que quiero comentarte es que tuve pocas reacciones ante mi convocatoria para reaccionar en lo que yo considero es la mínima y obligada reacción de todos, que es la indignación; la indignación como representación clara de lo que esta sociedad está dispuesta a tolerar y lo que no está dispuesta a tolerar. Las respuestas que tuve me dejaron mucho más preocupado de lo que yo estaba porque uno cree que la visibilidad de estos hechos será en sí misma suficiente para provocar reacciones como a la que me refiero.

Lo que yo alcancé a observar, tanto viendo los medios de comunicación como mirando las reacciones en Twitter, fue prácticamente un silencio casi total, con una cobertura mediática menor y de hecho fue particularmente sintomático que muchos de los colegas y de personas en otras temáticas que están fuertemente vinculados a la información, no se enteraron de este hecho. Me llamó muchísimo la atención porque se trata de gente que está incluso en labores periodísticas; algunos de los que me contestaron me pedían que les relatara por favor a qué hecho me refería.

Yo no estoy en posibilidad de entender los motivos del silencio, pero te quiero comentar que el silencio en sí mismo es una señal que yo no puedo más que entender como parte de un proceso de degradación social. Una sociedad como la nuestra es una sociedad que se va degradando en el proceso de descomposición asociado no solamente a la inseguridad y a la violencia, sino, me parece, a muchos aspectos asociados a la descomposición del tejido social.

Después tuve otra información que viene a cuento y que tiene que ver con la Recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de la Recomendación 66/2011 sobre violaciones en materia de privación de la vida y tratos crueles en agravio de indígenas tepehuanes en Durango.

El hecho vuelve a ser por supuesto absolutamente condenable; pero ¿por qué lo estoy refiriendo en esta reflexión? Bueno, fíjate que en la recomendación séptima de este documento —leo la primera parte—, «se recomienda al Secretario de la Defensa Nacional instruya a quien corresponda a fin de que, previo estudio correspondiente, se emita una directiva, regla u ordenamiento que regule el uso proporcional de la fuerza pública, contemplando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en un documento de fácil divulgación que deberá distribuirse a todo el personal de tropa y oficiales que desarrolle funciones de seguridad pública».

Aquí son tres aspectos que destaco: uno, quizás en la perspectiva que tomo el día hoy y el más grave de todos, es la degradación de esta sociedad que va ampliando sus márgenes de tolerancia ante la barbarie.

Perdón que te interrumpa, Ernesto, pero me parece muy importante este punto que ya con anterioridad nos has señalado, y que tiene que ver con incorporar observadores externos para que no sean las autoridades las que se vigilen a sí mismas.

En este caso concreto, ¿a qué atribuyes esta falta de interés o esta insensibilidad? Estoy pensando, por ejemplo, en los diferentes planteamientos que se dan sobre el tema, desde quienes hablan de matan a narcotraficantes en lugar de detenerlos o de los partidarios de la idea de que los derechos humanos terminan impidiendo a los cuerpos de seguridad hacer su trabajo y protegiendo a los delincuentes.

Es decir, ¿cómo entender esta falta de apego al Estado de derecho o al respeto a los derechos humanos, de dónde viene y cómo transformarla, en todo caso?

Esa reflexión rebasa con mucho este pequeño espacio, pero te voy a dar dos respuestas. Primero, yo tengo la convicción de que la sociedad mexicana, en la medida en la que no tiene una experiencia democrática propia en materia de seguridad y justicia, asocia la solución de estos problemas no con un esquema de ejercicio de derechos, sino con un esquema de aplicación de castigos; es decir, en mi hipótesis, la solución en la mente del mexicano promedio no es el acceso a los derechos y a la justicia, sino el mejor o incluso el más férreo castigo posible.

Es una inclinación que yo llamo una convergencia autoritaria porque la respuesta autoritaria de mano dura viene de las instituciones públicas pero también es demandada por la propia sociedad.

Este es un asunto histórico donde, desde mi punto de vista, no tenemos otro referente. Nuestro referente es el castigo, el modelo autoritario que hemos vivido históricamente y no tenemos manera de agarrarnos de experiencias o de referentes democráticos porque incluso consideramos que hablar de derechos humanos debilita las políticas de seguridad y justicia, a diferencia de lo que en otros países han aceptado hace tiempo, que es precisamente lo que los fortalece, porque es el ejercicio de derechos lo que permite que todos estemos seguros, que todos tengamos acceso a la justicia. Esa es la primera respuesta.

La segunda: Recientemente platiqué con una psicoanalista muy connotada y ella me confirma que el desgaste al que estamos sometidos —el desgaste quiere decir que no se trata la información de un homicidio sino de cientos, que no se trata la información de un secuestro sino de cientos, ya no hablamos de un desaparecido sino hablamos de cientos o de miles—, genera una ominosa y desafortunada ampliación del rango de tolerancia.

Este es un proceso que me relata esta psicoanalista como parte de los mecanismos de defensa que tiene una sociedad y una persona, en la medida en que lo que es primero insoportable se convierte en soportable en la medida en que se repite.

Esta combinación, te darás cuenta, es delicadísima porque lo que está pasando es que la conversación entre nosotros incluye ya no solamente eventos de violencia privada, sino también eventos de violencia del Estado que nos parecen normales. Lo que le está recomendando la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Defensa Nacional, que regule el uso de la fuerza, debería ser el principio de la conversación de lo que este país debe de hacer, que las autoridades sepan usar la fuerza.

Ese debería ser el principio de conversación y estamos a más de dos décadas de la crisis de violencia e inseguridad con instituciones que se resisten incluso a regular su forma de usar la fuerza.

Mucho de tu auditorio, estoy seguro de eso porque lo encuentro en todos lados, ha de pensar que lo que yo digo no tiene sentido porque lo que hace es precisamente atar de manos y debilitar a la autoridad. Reitero que se trata de una reacción social basada en la falta de experiencia democrática. En mi caso lo que yo tuve que hacer para conocer las alternativas fue salirme del país y viajar al menos por Europa, parte de África, parte de Asia, Sudamérica y Norteamérica para convencerme de la posibilidad de construir seguridad en un escenario de ejercicio de derechos.