Al mediar marzo, ocho periodistas de Reynosa sufrieron violencia extrema y, al final, dos fueron liberados después de un breve secuestro, cinco desaparecidos y uno asesinado y torturado.

Estos sucesos se suman a una dinámica violenta que de 2000 a la fecha ha cobrado las vidas de más de 50 periodistas e implicado la desaparición o desaparición forzada (dependiendo de quién sea el autor del crimen) de cuando menos 10, sin contar los secuestrados apenas en Reynosa.

¿Tiene esto algo que ver con nosotros como activistas y ciudadanos? Es cierto que desde que el presidente Felipe Calderón declaró su «Guerra (mediática) contra el narcotráfico» han muerto ─o cuando menos los gobiernos federal y estatales lo atribuyen a eso─ 18,000 personas. Frente a esta cifra deprimente, unos cuantos periodistas asesinados y desaparecidos no parecen gran cosa, si nos atenemos además a la lógica del infoentretenimiento, donde lo importante es contar, no explicar.

Además, es verdad que no hay una víctima que valga más que otra, y que todas las víctimas, cual sea su estatus ante la ley, tiene derecho de acceso a la justicia, lo mismo que sus familias. Pero sucede que violentar periodistas, más allá del daño individual, familiar y comunitario, tiene graves implicaciones de orden público porque el agente agresor logra inhibir el ejercicio de las libertades de expresión y prensa, provocando entre los medios y los periodistas, a mediano plazo, una mayor censura y sobre-dependencia de las versiones oficiales, empobreciéndose de manera evidente la calidad de las noticias que llegan al ciudadano. Enseguida, este hecho daña el derecho a la información.

La coyuntura noticiosa más reciente en Ciudad Juárez es ilustrativa: el asesinato de la empleada del Consulado de Estados Unidos y su esposo, así como del esposa de otra empleada de aquel, cometidos en dos ataques semejantes la tarde del sábado anterior [marzo 13, 2010] no fue informada en los medios locales, regionales o del Distrito Federal sino hasta que el gobierno estadounidense reaccionó al día siguiente.

Los medios no quisieron dar espacio a los sucesos violentos de ese día (si bien ignoraban la identidad de las tres víctimas) porque desde hace tiempo tomaron la decisión editorial de no publicar nada o casi nada relacionado con la violencia atribuida al narcotráfico.

Así, la sociedad queda en un estado que el maestro Ignacio Ramonet llama «inseguridad informativa», que le impide conocer con precisión las amenazas y riesgos sociales, para encontrar soluciones estructurales; esto la mantiene en un estado real o sensitivo de indefensión y miedo.

Es alentador, sin embargo, que en los últimos meses estén fundándose como nunca antes iniciativas de la sociedad civil organizada y los periodistas (Cencos, Article 19, Red de Periodistas de la Pie), para comprender y debatir el problema de la violencia contra el ejercicio de la libertad de expresión, pero sobre todo emprender acciones específicas. También lo es que el Proyecto de Violencia y Medios esté teniendo intervención directa o indirecta en la mayoría de dichas iniciativas.