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Presenta el CPJ informe sobre ataques a la prensa en México

 
 

Silencio o muerte en la prensa mexicana. Crimen, violencia y corrupción están destruyendo al periodismo es el informe especial sobre la violencia contra periodistas que el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) dio a conocer recientemente [septiembre 23, 2010, Casa Lamm, Ciudad de México] y donde pone «en relieve la alarmante impunidad en los ataques contra la prensa en México [y señala] las fallas sistemáticas que, de no abordarse, deteriorarán aún más la libertad de expresión y el estado de derecho».

El documento ofrece un recorrido sobre lo sucedido desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia, en diciembre de 2006, y lanzó su ofensiva contra el narcotráfico, y hace notar que el gobierno federal no ha podido materializar sus compromisos para atender y terminar con los ataques contra de la prensa, lo cual podría explicar por qué asesinatos como los de Rodolfo Rincón Taracena, de Tabasco Hoy, en 2007, y Bladimir Antuna García, de El Tiempo de Durango, en 2009, y desapariciones como las de María Esther Aguilar Cansimbe, de El Diario de Zamora [Michoacán], en febrero de 2010, siguen ocurriendo.

El caso de Antuna García y testimonios como los de Luis Horacio Nájera, ex corresponsal del Grupo Reforma en Ciudad Juárez [Chihuahua] ―quien se exilió del país amenazado tras la publicación de artículos donde revelaba una red de corrupción entre policías estatales, soldados y asesinos a sueldo― muestran también, de acuerdo con las investigaciones del CPJ, cómo la impunidad y el desinterés de las autoridades federales y locales impiden que estos ataques contra los periodistas se resuelvan.

En Silencio o muerte en la prensa mexicana también se mapean las ciudades donde fueron asesinados o desaparecidos los más de 30 periodistas durante el régimen calderonista, agrupándolos según las circunstancias de cada caso: por su trabajo, mientras cubrían alguna información, o desaparecidos o asesinados sin que aún se esclarezcan los motivos; a  esto el CPJ dedica dos apéndices.

Finalmente, el Comité hace una serie de recomendaciones al presidente Calderón, al Congreso de la Unión, al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, a los medios informativos y a la comunidad internacional, pidiéndoles que actúen de inmediato, dando la atención debida a esta «crisis nacional».
 
 


 
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