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Una de las prácticas sistemáticas más aberrantes del sistema de justicia penal inquisitorio imperante en México, que el común de los ciudadanos miramos con naturalidad y aun solemos considerar válida, necesaria y hasta justa, es el arraigo.

Decir que en toda circunstancia esta medida cautelar produce la violación de derechos humanos no es argumento convincente en una cultura judicial donde desde el poder público se desacredita a estos, ante una ciudadanía que los considera cliché.

Tras la sucesión de viajes que me mantuvo fuera del país durante meses de manera intermitente, la primera propaganda que me impactó estaba en el Circuito Interior, a metros del aeropuerto de la Ciudad de México: un espectacular donde predomina un procurador Miguel Ángel Mancera mirando al cielo ensoñadoramente.

Recordé «El retrato de Manuela», la canción de Chava Flores: «[…] parecía una princesita, muñequita de biscuit, con su moño colorado y la manita puesta aquí, la mirada de quien dice, ¿Ya me ven? Pues soy así». Pero enseguida evoqué estas palabras de María Luis Cancino en un e-mail que recibí esa mañana mientras esperaba el vuelo en Múnich: «[…] el daño que nos han hecho como familia es tan severo en todos los órdenes que si bien me siento satisfecha porque liberen a mi hijo, no me siento conforme...».

El daño del que habla María Luisa fue producido por la institución que dirige Mancera, en cuyas manos no le deseo a usted quedar como imputado de delito. María Luisa es madre de Mauricio Marichal Cancino, de 30 años, sobrino de la actriz Julia Marichal y a quien la Procuraduría del Distrito Federal acusó penalmente de asesinarla, arraigándolo.

Uno de los perjuicios que el gobierno de Felipe Calderón ha producido al sistema de justicia procesal mexicano fue conseguir que en la reforma de 2008 esta medida cautelar adquiriera rango constitucional, asentándose en el Artículo 16. Esto pasará a la historia no solo como parte de su herencia antidemocrática, sino porque gobiernos de entidades federativas en manos de partidos opositores al suyo lo han aprovechado para persistir en la vieja práctica de encerrar a personas cuya culpabilidad fueron incapaces de demostrar hasta entonces, pero que al presentarlas públicamente como «arraigadas» les permite dar una imagen de supuesta eficiencia en el combate al crimen.

Imagine que, habiéndosele imputado un delito, usted es detenido; «presentado» a los periodistas en una conferencia, sometiéndosele así a un «tribunal paralelo», y enviado a un centro de arraigo, como un trámite fast-track, sin que eso signifique que la autoridad responsable de procurar justicia disponga de los elementos probatorios suficientes en su contra -o mejor dicho, justo porque no los tiene como para mandarlo directo a prisión.

Y para que este segundo día de 2012 no tenga que esforzarse más imaginando, si desea tener certeza de lo que le depara la vida al ser arraigado lea la Recomendación 02/2011 que emitió en abril [2011] la Comisión de Derechos Humanos del DF al procurador Mancera -así como a Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF-, donde se describe la sucesión de atropellos, vejaciones y abusos de autoridad cometidos con impunidad en el Centro de Arraigo de la capital.

Desde mediados hasta el 30 de diciembre a Mauricio Marichal Cancino lo mantuvieron en ese infierno institucional cuyo responsable legal, Mancera, es el mismo que se nos ofrece para gobernar la ciudad con esa «mirada de quien dice, ¿Ya me ven? Pues soy así».

Las «evidencias» en su contra eran que poseía bolsas negras, cinta canela, un cúter y un cuchillo, y que había tenido un desencuentro con su tía Julia Marichal -algo aterrador por medieval, que me ha provocado la obsesión de buscar cuáles de mis pertenencias y malquerencias me incriminan llegado el caso de que a la institución de Mancera se le ofrezca fabricar un culpable ante su ineptitud para encontrarlo.

La mayoría de los medios volvió a jugar el papel cómplice de verdugo en el «tribunal mediático», legitimando las violaciones de la Procuraduría del DF contra el debido proceso de Mauricio y el derecho a la justicia de Julia Marichal y su familia. Dos muestras.

El Universal TV: «Su sobrino… es el principal sospechoso […] tenía en una mochila un cúter, un paquete de bolsas negras similares a las usadas por el homicida, así como cinta canela y un cuchillo; […] mintió al decir que ya habían iniciado la denuncia correspondiente en la fiscalía, por lo que ante sus contradicciones, la tarde de este viernes se revisó la casa. El joven estaba nervioso y se opuso a que la cisterna fuera revisada aunque los inspectores notaron que de ella manaba un olor fétido... El sobrino de la actriz negó que él la hubiera matado, aunque reconoció que discutieron…».

Proceso en línea, a su vez, criminalizó a Mauricio desde el encabezado, al sostener que «evidencias lo inculpan en el crimen», para enseguida afirmar que «la Procuraduría… cuenta con sólidos indicios que lo incriminan».

Ni estos ni otros medios noticiosos han pedido perdón públicamente a Mauricio y su familia, como tampoco a su público, por validar información que luego, según la misma Procuraduría del DF -de la cual una vez más fueron voceros oficiosos-, resultó falsa, siendo descartada con la detención, «ahora sí», de los «verdaderos» asesinos.