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Televisa ofrece mediante su Fundación la campaña «¿Tienes el valor o te vale?» -entre muchas otras de corte edificante- y es parte del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, cuya firma promovió en marzo pasado a través de su proyecto filantrópico Iniciativa México.

No es que yo crea que este vistoso aparato tenga otros fines que los de construir una legitimidad social de la que carecen sus medios, pero sí que desde la ciudadanía podríamos ir construyendo los mecanismos para ejercer un contrapeso eficaz y digno ante el mayor corporativo multimediático del país -aun apelando a sus propias armas.

El caso de Mauricio Marichal Cancino vuelve a alarmarme por cómo los «productos Televisa» pueden atropellar a las personas ante sus impasibles públicos, transgrediendo sin consecuencias la ética de la comunicación y el periodismo, pero sobre todo las leyes, siendo al mismo tiempo instrumento para la violación flagrante de derechos humanos.

Desde que a Mauricio la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal le atribuyó el asesinato de Julia Marichal, a principios de diciembre, su vida y la de su familia son una mierda. Agentes del ministerio público y policías los han sometido a amenazas, vejaciones, torturas, acosos, intervenciones telefónicas, brutales allanamientos, ridiculización pública, intromisiones a su intimidad e intentos de extorsión.

Todo esto se reconcentra en una supuesta entrevista anónima publicada por TVyNovelas en su primer número del año [enero 2, 2012], que se oferta en la portada como «El presunto asesino de la tía de Kalimba ¡puede quedar en libertad!».

Digo «anónima» porque nadie la firma como autor responsable y «supuesta» porque su contenido se atribuye a «nuestra fuente allegada al caso». Esto es esencial, pues permite plantear los aspectos clave de un caso donde claramente pueden aplicarse las leyes, sentando un precedente en favor de la libre expresión armónica con el debido proceso:

1) Si el texto no tiene firma de autor, los responsables legales directos de las falsedades, intromisiones a la vida privada y acusaciones dolosas contra Mauricio serían la empresa editora, Editorial Televisa, y Juan José Origel Padilla, director del semanario.
Se aplicaría, por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal [artículos 10 al 20; 24 al 26, y 36 y 37], con las consecuencias de orden civil que resulten de posibles daños al patrimonio moral de Mauricio y su familia.

2) Si la fuente existe, tendría que indagarse si se trata directa o indirectamente de un funcionario público que en consecuencia habría violado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en lo tocante al uso ilegal de «información de acceso restringido» [artículos 36 y 37, y 93], aplicándosele entonces las sanciones administrativas previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos [artículos 47 y 53].

3) Si la fuente resultara falsa y la información inventada, se confirmaría el «propósito ofensivo» de Editorial Televisa y Origel Padilla contra Mauricio, en los términos de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal [Artículo 15].

4) La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal [Artículo 94] obliga al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal a actuar en casos como este, donde puede presumirse que un funcionario uso aviesamente «información de acceso restringido».

5) Aparte, es indispensable exigir a Televisa que se ciña al Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, donde como firmante se compromete [en los «Objetivos»] a «Promover el respeto a la legalidad» y «el combate a la impunidad», y obliga [en los «Principios»] a «informar con profesionalismo» y asumir «su responsabilidad social».

6) Desde la detención y arraigo, y posterior liberación -el 30 de diciembre- de Mauricio, hasta hoy, no ha cesado el acoso, del cual es parte lo publicado por TVyNovelas. Miguel Ángel Mancera -el policía que ahora persigue gobernarnos en el DF a través del PRD- durante su gestión como procurador no se cuidó de respetar el Artículo 1º constitucional, que en esa calidad lo obligaba «a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos» -en este caso de Mauricio, quien tiene derecho al debido proceso penal independientemente de su estatus legal.

Una Defensoría Ciudadana de Víctimas de la Prensa dispondría de estas y otras herramientas para conseguir que servidores públicos, medios y periodistas respetemos los derechos ciudadanos en el ejercicio de la libertad de expresión -asumiendo que la responsabilización ética y legal sobre lo publicado no equivale a Inquisición.