En 2008 la norma constitucional en materia de seguridad introdujo la perspectiva de derechos humanos como uno de los principios que deben regir la actuación de las instituciones de seguridad pública en México. Esta premisa se encuentra en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM):

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

A pesar de este avance legal, Ernesto López Portillo Vargas afirma que el actual diseño de las instituciones y políticas de seguridad pública en México "no comulga con la fórmula de los derechos humanos de manera comprometida y plena", y pone como ejemplo la estrategia de seguridad nacional de combate al narcotráfico:

Hay una evidencia empírica, para mí irrefutable, de que la centralización en la política de seguridad pública del problema del narcotráfico obedece a una concepción de los gobiernos y no a una preocupación de los ciudadanos. Tengo referencias de evidencia empírica suficiente para poder afirmar que ni la delincuencia organizada ni el narcotráfico en particular se sitúan en las preocupaciones principalísimas de los ciudadanos, aunque sí lo hacen en la preocupación principal de los gobiernos. Hay casos como el de la policía nacional de España, que ha segmentado su agenda entre las preocupaciones respecto a las amenazas al Estado y las preocupaciones de los ciudadanos con el objetivo de establecer jerarquías y prioridades.

El especialista mexicano en políticas de seguridad pública explica que, de acuerdo con encuestas nacionales, en la mayor parte del país las principales preocupaciones de las y los mexicanos tienen que ver con temas económicos -concretamente con el empleo- y con cuestiones relacionadas con la inseguridad —como los delitos patrimoniales—, pero también afirma que hay localidades con situaciones excepcionales:

Falta democratizar la seguridad en México

Para el autor de Responsabilidad policial en democracia. Una propuesta para América Latina, el choque entre tales preocupaciones se deriva de un problema estructural relacionado con la falta de democratización en las políticas e instituciones de seguridad pública en México:

Hay un déficit sistémico, nacional, crónico y masivo en los principios de respeto a los derechos humanos, respeto a la ley, atención prioritaria del ciudadano, transparencia y rendición de cuentas en las políticas públicas; y en los instrumentos a través de los cuales éstas se ejercen, principalmente la policía. Esto evidencia que el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales están encerrados en una perspectiva de coyuntura, con una mirada de corto plazo que no va más allá de sus periodos de gobierno y que no va más allá del caso escandaloso más reciente al que se enfrenten. Es decir, los poderes ejecutivos y las instituciones policiales y de procuración de justicia funcionan a la manera de una suerte de cuerpos de bomberos desplegados en todo el país, tratando de apagar continuamente los fuegos que ya se han encendido, reaccionando a hechos delictivos que pueden ser violentos o no, y tratando de construir un ejercicio de gobierno pero desde la intervención postdelictiva.

López Portillo Vargas explica que esta mirada coyuntural y de corto plazo tiene por lo menos tres causas que es urgente superar: a) la deficiencia de los gobiernos en el desarrollo técnico y la práctica de métodos de seguridad pública sin indicadores derivados de una teoría; b) la contaminación política de las agendas de seguridad, donde no existe ni un control político que garantice la rendición de cuentas a la ciudadanía ni una autonomía operativa de la policía que evite su contaminación política, y c) la corrupción.

Este sistema actual pone en evidencia que el diseño histórico de la policía no es profesional. Yo he llamado a este fenómeno como un fenómeno residual; es decir, la policía es residual para el Estado y para la sociedad.

Este hecho, describe, ha generado que en México las políticas de seguridad pública se vuelvan reactivas y carentes de métodos de prevención del delito y de la violencia, lo que ubica a nuestro país, junto con Centroamérica, todavía del lado del problema. El caso contrario sucede en Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Perú, donde ya existen materiales que validan la metodología profesional de la prevención del delito y de la violencia.

Cuando no tienes esos métodos sofisticados y profesionales, continúas construyendo el problema desde una perspectiva intuitiva y entonces así surge el gobierno de la seguridad pública por intuición. En México este fenómeno es nacional y se vincula con la confusión que existe sobre que la seguridad pública y la policía son lo mismo.

La diferencia es que la seguridad pública es una política pública integral que atiende factores diversos para crear lo que la experiencia internacional llama intervenciones multiagenciales: múltiples agencias y múltiples instituciones -entre ellas la policía- interviniendo sobre una misma comunidad en áreas como desarrollo urbano, educación, cultura de la legalidad, deporte, cultura, arte y economía.

Está entendido claramente que seguridad pública en democracia y en clave de derechos humanos demanda una intervención multiagencial para fortalecer el tejido social y sólo uno de sus componentes es la policía, que se integra a la comunidad por medio de modelos comunitarios de policía y así se construye un sistema de seguridad ciudadana. Una estrategia que el país en general y la ciudad de México en particular no han hecho contundentemente, como se debería haber hecho hace tiempo.

El problema de las políticas de seguridad pública en la ciudad de México es que se encuentran en manos de la policía, afirma Ernesto López Portillo Vargas. La evidencia empírica de que la ciudad no tiene un modelo de seguridad ciudadana consolidado es la desconfianza que existe entre la policía y la sociedad:

En la ciudad de México, la primera gran operación que hay que hacer es construir la confianza para resolver el problema de la seguridad pública. Otra gran operación es poner a cargo de la seguridad pública a expertos civiles técnicamente capacitados para diseñar políticas de seguridad pública integrales, no a policías. Por lo tanto, es necesario despolicializar la política de seguridad pública en la ciudad de México; y al mismo tiempo la policía tiene que hacer un rol fundamental de apoyo a la reconstrucción del tejido social, siempre y cuando exista confianza.