Armando Villarreal Martha, dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional, encabezó una manifestación frente a la Planta Petroquímica de Ciudad Camargo, en Chihuahua, para exigir la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una semana después, el 14 de marzo de 2008, fue asesinado. Integrantes del Movimiento Civil del No Pago a las Altas Tarifas de Energía Eléctrica fueron encarcelados en julio de 2009, acusados de «privación ilegal de la libertad y robo a la riqueza de la nación». Siguen en prisión. Raúl Ángel Mandujano Gutiérrez, director de Atención a Migrantes de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, está desaparecido desde abril de 2009.

Historias así se repiten en por lo menos 16 estados de la república, según el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que registra 128 casos de agresión y obstaculización a defensores durante el periodo enero 2006-agosto 2009.

Ante este sórdido panorama, Insyde, la OACNUDH, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración organizaron el Primer Taller Interinstitucional de Organizaciones y Organismos de Derechos Humanos «Documentación de casos por violaciones a derechos humanos: problemáticas a enfrentar en un contexto de violencia e inseguridad en México» [julio 26-27, 2010, Ciudad de México].

Christofer Guarnotta, Luis González Placencia, Fabienne Venet y Ernesto López Portillo Vargas, representantes de las organizaciones convocantes, dieron la bienvenida.  Enseguida, López Portillo, director ejecutivo de nuestro Instituto, impartió el primer módulo del taller, «Contexto de inseguridad en México y defensores de derechos humanos».

Según el Informe de la OACNUDH citado, entre las formas más comunes de violencia contra los defensores se cuentan amenazas, uso arbitrario del sistema penal, detenciones ilegales, hostigamiento y acciones de desprestigio, perpetradas en su mayoría por el crimen organizado, miembros de las procuradurías de justicia y autoridades municipales.

Una alternativa para reducir la vulnerabilidad de los defensores ─lo cual fue abordado a lo largo del taller─ son los sistemas para manejar y proteger la información sobre violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres y los migrantes, así como de los pueblos indígenas y la libertad de expresión. Las pautas para su diseño fueron expuestas por Pablo Zavala, de Frontline Defenders, y la especialista Aída María Noval.

Juan Rojas, investigador de la Oficina de Servicio Técnico a la Sociedad Civil de Insyde, dice que este taller, al que asistieron representantes de 30 organizaciones del país, «es un esfuerzo prácticamente inédito por ofrecer a los defensores herramientas de profesionalización como forma de protección», aunque «es apenas una breve fotografía del trabajo  por hacer».