Imaginemos un monitor civil de la policía cuyos integrantes hubieran sido seleccionados según sus bases éticas y profesionales, que implementara metodologías que produjeran información objetiva y tuviera garantizado el acceso total a documentos e instalaciones policiales, además de enfocar su labor en la generación de vínculos de cooperación y no de choque de la comunidad con sus corporaciones. Es el modelo que propone el Police Assessment Resource Center (PARC) en sus «Directrices nacionales para monitores de la policía» («National guidelines for police monitors»).
Son pautas imprescindibles para un monitor civil con fundamento ético, metodológico y técnico, y las primeras de su tipo; buscan —se advierte en el documento— «encaminar a juntas civiles, auditores, comisiones de la policía y monitores hacia una supervisión policial que propicie cuerpos de seguridad profesionales, transparentes y respetuosos de los derechos humanos».
Estas directrices, disponibles en inglés, fueron presentadas durante la conferencia internacional de la Asociación Nacional para la Aplicación de la Ley de Supervisión Civil (NACOLE) [noviembre 1, 2009], e Insyde, precursor del monitoreo civil de las instituciones policiales en México, recomienda su consulta.