* [Capítulo 3 del libro Periodismo, recurso para la paz social, de Marco Lara Klahr, editado por la Fundación Friedrich Ebert como parte de su colección «Perspectivas Progresistas»] [noviembre, 2011].
Las opiniones habituales sobre los medios noticiosos poseen cierto tinte pasional –aun entre activistas, académicos, funcionarios y hasta periodistas–. Es raro que los medios provoquen indiferencia. Predominan tanto los discursos «mediafóbicos» generalizantes, como aquellos que profesan una lealtad a prueba de argumentos hacia determinados periodistas o medios, así como gran diversidad de posiciones intermedias.
No es solo que muchas personas se hayan sentido directa o indirectamente afectadas por cómo un periodista y su medio informaron sobre un asunto que les competía, sino porque el público suele definirse frente a un hecho de interés público, y espera que los medios coincidan con su definición, decantándose hacia los que lo hacen.
A esto se añaden los prejuicios y recelos contra la prensa que producen y refuerzan entre la comunidad actores políticos para desacreditar versiones periodísticas, a periodistas o a medios. Pero también ocurre que la gente percibe que estos llegan a traicionar la veracidad, sometiéndola a sus intereses políticos y/o corporativos.
Entender el papel social de los medios en el tratamiento noticioso del delito y la violencia, y cómo pueden legitimar o deslegitimar discursos autoritarios de seguridad y justicia, exige más que pasión. Los medios masivos son un poderoso actor político que a la vez constituye una industria con dinámicas corporativas y culturales crecientemente complejas, que en México lo distancian muchas veces del interés colectivo.
Los medios en el espacio público
Las obsoletas leyes de medios mexicanas fomentan los monopolios privados, los cuales no están habituados a concurrir a una arena competitiva; saben que su sobrevivencia no depende de la calidad de sus noticias, su credibilidad y el grueso de sus audiencias, sino de cuánta publicidad oficial atraigan.
Su vida interna no está permeada por el espíritu de que quien mejor sirva a su comunidad informándola y proveyéndole un espacio para su libre expresión tendrá mayores probabilidades de éxito. Prevalecen nociones elementales de rentabilidad, basadas en el aumento de unos ingresos publicitarios cada vez más escasos y la reducción paulatina de costos.
Con un sistema de medios así es casi imposible que las empresas informativas y sus periodistas cumplamos con la expectativa del periodismo cívico, según la cual nuestro papel es el de instrumentos para el ejercicio ciudadano del derecho a la información.
Los medios como corporativos
La industria global de las noticias ha vivido una dramática transformación durante las últimas tres décadas. Se informatizó masivamente desde los ochenta; protagonizó la expansión de la Web a lo largo de los noventa, y transita por el siglo XXI con la creciente competencia de los nuevos medios privados, institucionales o sociales, y los múltiples medios digitales autogestivos –las redes sociales entre ellos–. Habiendo tenido desde el siglo XIX el monopolio de los flujos de información noticiosa, la actual emergencia de un vigoroso espacio público digital la echó de su zona de confort, desfigurándola para siempre.
En México, esto se vive no sólo en la prensa de papel, sino en la electrónica y aun en la digital. Tiranizadas por el «tiempo real», las empresas noticiosas multimediatizadas ofrecen cada vez más «contenidos agregados», es decir, producidos por otros y lanzados al espacio virtual a través de redes sociales o «filtrados», en demérito de la producción de contenidos propios.
Se ha precarizado laboralmente la profesión de los periodistas, entre otras cosas, porque no son propiamente calificados los conocimientos que requerimos para desempeñarnos en esta industria, que nos confina a producir, a granel, breves contenidos para diferentes soportes (impresos, electrónicos, digitales), cuando no a resumir o encuadrar contenidos producidos por instituciones, organizaciones –incluyendo las criminales– y ciudadanos que los hacen circular muchas veces de forma anónima.
La estrategia comunicacional en la que el gobierno del presidente Calderón y varios estatales y municipales han soportado sus políticas de seguridad pública y justicia penal aprovechan este estado de cosas: sus dependencias de comunicación institucional funcionan como agencias de noticias, proveyendo por vías formales e informales un profuso e incesante flujo de contenidos que incluye videos y comunicados abundantes en detalles periciales, hechos subrepticios e intimidades de transgresores y víctimas. Saben que ávidos de contenidos gratuitos y llamativos, los medios los reproducirán sin molestarse en comprobar su veracidad ni consultar a los actores implicados –ni mucho menos respetar sus derechos.
De escándalo en escándalo –cada vez más escabroso– los medios van tirando, peleándose la publicidad oficial y claudicando de su responsabilidad ante la ciudadanía. Mario Ávila, conductor de noticias en Radio Fórmula, con vasta experiencia como ejecutivo editorial radiofónico, identifica algunos fenómenos en la industria noticiosa actual: «El anunciante incide con mayor fuerza que el propio gobierno», lo cual produce «censura económica», pues «la iniciativa privada no es tolerante a la crítica o denuncia».
Opina que las empresas noticiosas no se han adaptado a esta realidad en busca de mayor independencia, sino que «su cobertura es anacrónica», «sus equipos de periodistas son cada vez más reducidos, porque no hay para pagarles, y sin embargo la cobertura sigue haciéndose a la manera tradicional; por ejemplo, mandan a un reportero a cada fuente y cuando se dan cuenta ya se les fue el dinero en nómina; entonces mandan al de Negocios también a cubrir la Semarnat, y al de PGR a cubrir derechos humanos, para que agarre todo el ‘sector’. ¿Y quién define el ‘sector’? Indirectamente, las áreas de recursos humanos de los medios, porque no da para más. Esto está minando la labor periodística, porque impide la especialización».
«En la medida en que los presupuestos de publicidad de la iniciativa privada disminuyen, a causa de la crisis económica, la inversión del gobierno adquiere mayor relevancia en la composición de los ingresos del medio. Aparte, la cobertura tradicional de fuentes, donde el reportero no tiene tiempo para investigar y contrastar, ha llevado a privilegiar todavía más el discurso oficial; va reporteando o transmitiendo versiones únicas, pues casi siempre tienen otro evento que cubrir».
En tales circunstancias, termina Ávila, «mientras mayor sea la inversión del gobierno, más cerca estarán los dueños de medios del poder y más lejos del ciudadano».
Los medios, la violencia y la paz social
El problema estructural de los medios tiene profundas raíces históricas relacionadas con el corporativismo que definió al sistema político mexicano: como otros actores políticos, los medios han estado corporativizados –o neocorporativizados– desde su origen, funcionando como apéndices del poder político.
Ahora bien, ¿los medios noticiosos y los periodistas que los producimos nos sometemos a las versiones oficiales solo por el control que el gobierno ejerce sobre nosotros y el bajo costo de los «contenidos agregados», o además somos empáticos con las políticas autoritarias de seguridad y justicia?
Coordinador de Investigaciones Especiales del diario El Universal, Salvador Frausto lo responde de forma implícita: «¿Por qué la estructura de los medios actúa tantas veces para reforzar el discurso dominante? Porque los periodistas muchas veces estamos entrenados para confiar más en la información oficial, en la que viene de la policía, por ejemplo, aunque en este país esa información no sea confiable […] las fuentes no valen lo mismo, suele dársele mayor peso a las oficiales o a visiones que refuerzan una idea» ya definida desde el gobierno.
En efecto, los periodistas policiales y judiciales a veces nos sentimos más seguros apegándonos a la verdad oficial. Así es la cultura de la redacción. Aun en casos en los que decimos no creer en el gobierno, el discurso implícito en los contenidos que producimos y cómo los publicamos suele reflejar empatía hacia las instituciones policiales y judiciales, a pesar de sus usos y costumbres violatorios de derechos humanos.
Se debe a que como ciudadanos compartimos muchos de los prejuicios de nuestra colectividad, y a nuestra precaria calificación profesional: sería extraño encontrar un periodista que no tenga una noción aunque sea vaga de los derechos humanos, pero no es habitual que seamos capaces de distinguirlos, ni que al cubrir un suceso los relacionemos con los actores de las noticias.
Es como si nos moviéramos en realidades alternas; a) en el mejor de los casos opinamos que los derechos humanos benefician a la ciudadanía, pero b) cuando nos enfrentamos al suceso noticiable de delito o violencia no es común que consideremos que sus actores tienen derechos, los cuales la autoridad y nosotros mismos estamos obligados a respetar.
Si los periodistas, a) tenemos la exigencia de nuestras empresas de reproducir la información oficial sin verificarla o re-procesar la proveniente de fuentes que incluyen a la delincuencia organizada; b) nos identificamos con paradigmas autoritarios de seguridad y justicia, c) y desconocemos los derechos o no los relacionamos con las personas que protagonizan los hechos de delito y violencia que cubrimos, entonces estamos más expuestos a ser utilizados para legitimar o invisibilizar violaciones a derechos humanos, devaluar implícitamente la legalidad y diseminar discursos violentos sin siquiera percibirlo.
Periodistas así somos funcionales a las políticas, agendas y enfoques editoriales de unos medios que contribuyen a promover o reforzar ilegalidades y violencias, ya sea contra víctimas o imputados de delito, y determinados grupos sociales excluidos.
Al principio se refirieron los argumentos de la International Bar Association, según los cuales no puede haber democracia y paz social sin respeto a los derechos humanos. En este sentido es que los medios y los periodistas somos corresponsables de lo que sucede en México, al contribuir con la legitimación de políticas públicas que no prevén el respeto a los derechos ni refuerzan valores de legalidad.
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