Una de las 36 recomendaciones de la propuesta integral de seguridad y justicia de la UNAM que hizo pública el rector José Narro Robles hace un mes es impulsar un «pacto político y social de base amplia», con el fin de «reorientar a las instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia que enfrenta el país».

El primer paso para avanzar hacia dicho pacto, advirtió entonces el rector durante la presentación de la propuesta en el Palacio de Medicina [agosto 8, 2011], era «que tanto actores políticos como ciudadanos reconozcan en esta propuesta, elaborada a partir del debate entre más de cien especialistas del mundo, una oportunidad histórica para transitar hacia un modelo de seguridad que privilegie a los ciudadanos».

Gobernadores, legisladores, académicos y activistas fueron respondiendo al llamado del rector, reconociendo, en general, el carácter innovador y la viabilidad de esa propuesta  denominada Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia.

La crítica presidencial

Sin embargo, ayer, durante una reunión con el rector Narro Robles, el presidente Felipe Calderón criticó que «el texto incluye cosas que suenan más genéricas, más de propósito», que acciones específicas [Alcázar del Castillo de Chapultepec, septiembre 6, 2011].

Sobre el «giro estratégico» propuesto por la UNAM para contener la violencia y la criminalidad, Calderón opinó que «más que un giro estratégico, el asunto es de los cómos», porque «cuando hablamos de girar la estrategia para acá o para allá, creo que debemos buscar lo más concreto posible».

Y ante la iniciativa del rector para conformar un grupo de trabajo que durante septiembre [2011] «genere consensos y determine responsables y tiempos para asumir los primeros compromisos», el mandatario respondió que dicho grupo debería primero «depurar y llegar a coincidencias que nos permitan esbozar un documento final».

Para concluir su intervención, Calderón dijo que su gobierno «está siempre abierto a nuevas ideas», pero que «más allá de los lugares comunes y los propósitos generales, se traduzcan en propuestas concretas, prácticas, realizables y que verdaderamente puedan ponerse en ejecución».

Construir desde el consenso

No puede predecirse lo que viene tras el rechazo implícito del presidente Calderón a partes fundamentales de la propuesta de la UNAM, pero sí que el capital que esta ha acumulado en términos de consenso podría darle aun larga vida.

Conviene por eso recapitular las respuestas de actores políticos que han ido sumándose a la visión presentada por Narro Robles. Una de las primeras provino de Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores [CONAGO], quien a nombre de esta dijo que «la propuesta de la UNAM es la mejor que hemos visto en los últimos tiempos» [agosto 24, 2011].

Desde el Senado, José González Morfín, presidente de la Mesa Directiva, reconoció que «el documento universitario será el referente obligado cuando se discutan los temas y las propuestas en seguridad» [Milenio Diario, agosto 31, 2011].

Los diputados priistas, a través de su coordinador Francisco Rojas Gutiérrez, resaltaron «el valioso esfuerzo de la UNAM, sobre todo por apartarse de una obsesión de un gobierno que no supo diagnosticar el fenómeno» [CDN Política, agosto 28, 2011].

Y entre los académicos que han reconocido el «valor democrático» de dicha propuesta se cuenta Mauricio Merino, investigador del CIDE, para quien «contiene la mejor definición del problema, en términos de política pública, y entre sus propuestas está la mejor oferta política democrática que se haya presentado hasta hoy para ir resolviendo la desconexión entre seguridad, defensa de los derechos y participación de los ciudadanos».

Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde e integrante de la Comisión Técnica redactora del documento en cuestión, aseguró que «este ejercicio no tiene precedentes en nuestro país», pues se trata de «un referente que permite reorientar la toma de decisiones» y «busca sumar esfuerzos para trascender la severa crisis de inseguridad, delincuencia, violencia y falta de acceso a la justicia».

Otros líderes ciudadanos con enfoques divergentes acerca las políticas de seguridad pública que convienen al país, como Javier Sicilia, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, han coincidido también en que la propuesta de la UNAM es, cuando menos, «una exigencia que los poderes públicos deben cumplir», según resumió Sicilia.

De hecho, los tres asistieron como «testigos sociales» a esa reunión en el Alcázar del Castillo de Chapultepec donde el rector Narro Robles presentó al Ejecutivo la propuesta [septiembre 6].

Consulte la propuesta de la UNAM