Los actores sociales en los que más confían los mexicanos son las universidades públicas, los profesores, el Ejército y los medios de comunicación —si bien a ninguno califican con más de 7.1, en una escala de 0 a 10—, mientras que la policía, el ministerio público y los diputados son para ellos los menos fiables.
Esto según la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional [agosto, 2011], realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para conocer, más que si los ciudadanos conocen o no las leyes, su percepción de las instituciones encargadas de diseñar y aplicar dichas leyes.
Se planeó así, se advierte en la «Presentación», porque «la búsqueda por la legitimidad es un análisis sobre todo de las instituciones políticas y no del contenido de las leyes».
La encuesta incluye un universo de percepción de más de 2 mil 200 ciudadanos mayores de 15 años del país acerca, entre otros temas, de «Valores autoritarios y democráticos», «Seguridad pública y medidas de excepción», «Legalidad y derecho» y «Transparencia y libertad de prensa».
Algunos de los hallazgos son que 8 de cada 10 encuestados opinó que «no son necesarios cambios sustanciales en las leyes, sino en quienes las aplican», y mencionaron «corrupción», «impunidad» e «intereses extralegales», entre otros, como los principales obstáculos para hacer cumplir la ley.
La encuesta revela también que está lejos de permear en la sociedad mexicana un enfoque de derechos humanos: 32% de los entrevistados, por ejemplo, considera que la justicia es «una forma de castigo» y «un medio de poner orden» antes que «una forma de respetar los derechos de las personas».
Entre las conclusiones se advierte que a pesar de que «existe entre los ciudadanos un gran desconocimiento sobre la Constitución, afirman la necesidad de su observancia y respeto», lo cual «plantea al mismo tiempo un desafío y una oportunidad de primer orden para las instituciones en términos de recuperar legitimidad».
Consulte la Segunda Encuesta de Cultura Constitucional