En el Estado de México se concentra el 14% de la población total del país, algo así como 15 millones de ciudadanos, de los cuales 11 millones son personas económicamente activas, que generan el 9.7% del Producto Interno Bruto anual del país. En términos electorales, su padrón es más grande que el de cualquier otro estado, con alrededor de 10 millones de electores.

De ahí que esta entidad sea fundamental en términos económicos y políticos para el país, y la relevancia de la jornada electoral en la que fue electo gobernador, por amplio margen, Eruviel Ávila Villegas, del Partido Revolucionario Institucional [julio 3, 2011].

Este político obtuvo el triunfo en un contexto de violencia y delito desbordados en el Estado de México. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010, del INEGI, esta entidad tiene un porcentaje de victimización de casi 18%, lo cual significa que por cada 100 mil habitantes, unos 17 mil 500 han sido víctimas de algún delito, el 58% con uso de armas. El «Termómetro del delito» incluido en dicha encuesta lo clasifica en el «grado naranja», a la par de Durango y Sonora.

Uno de los temas más preocupantes en cuanto a seguridad pública es la violencia contra las mujeres: El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México ha documentado que más de 700 mujeres fueron asesinadas en situaciones de violencia machista y otras 4 mil 800 sufrieron abuso sexual en el Estado de México de 2009 a la fecha.

La propuesta de seguridad pública hecha por Eruviel Ávila durante su campaña, denominada «Las 10 de Eruviel», incluye doce compromisos —los cuales firmó ante un notario, aunque no se detallan en su Website—, ocho de ellos enfocados en la transformación de la política de seguridad y la policía.

Destacan el compromiso de «formar una nueva policía con carrera universitaria», y crear «la Policía Comunitaria», la «Secretaría de Seguridad Pública» y «la Policía Estatal Única, previo acuerdo con cada uno de los municipios».

También «duplicar el presupuesto en seguridad pública y procuración de justicia», «combatir la extorsión telefónica con mayor tecnología» y «establecer permanentemente operativos de vigilancia en las unidades de transporte público».

Entre sus doce compromisos el gobernador electo no incluyó programas de prevención del delito ni otro tipo de políticas con enfoque de seguridad ciudadana, y tampoco abordó directamente la violencia de género, aunque su slogan fuera «Seguridad para todos».