«La criminalidad no es un asunto de buenos y malos, ni de ministerios hieráticos y ángeles de las tinieblas», sino un «grave problema estructural que incluye debilidad institucional y escasos mecanismos de supervisión ciudadana».

Este fue «el principal aprendizaje» destacado por el rector José Narro Robles al presentar las conclusiones de la Conferencia Internacional Seguridad y justicia en democracia. Hacia una política de Estado en los albores del tercer milenio, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional [junio 6-10, 2011, Ciudad de México].

Durante su mensaje de clausura, ante unos de 300 funcionarios, académicos, activistas, estudiantes y otros ciudadanos congregados en el Auditorio «Gustavo Baz Prada» del Palacio de Medicina [junio 10, 2011, Ciudad de México], precisó además que «a partir de esta concepción debemos avanzar hacia el diseño de políticas públicas enfocadas en la construcción de seguridad, más que pública o ciudadana, humana».

Las propuestas, surgidas de 18 mesas en las que participaron casi 100 especialistas del mundo, serán recopiladas y sistematizadas por una Comisión Técnica presidida por Jorge Carpizo McGregor y de la cual forma parte Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde.

El documento resultante, informó el rector, será presentado por la UNAM «a las autoridades competentes del gobierno federal», en tanto que la Comisión Técnica elaborará semestralmente un reporte de los avances en la implementación de las recomendaciones.

Antes de la intervención del rector, Carpizo McGregor precisó algunos de los temas que incluirá dicha propuesta, como el de promover el retiro, «apenas sea posible y mientras más pronto mejor», de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública, la «profesionalización y dignificación de la carrera policial», «optimizar la recaudación de impuestos para invertir más recursos en programas sociales» y «emprender una lucha frontal contra el lavado de dinero».

En cuanto al sistema de justicia penal, se propondrá la implementación de mecanismos de control ciudadano en los ministerios públicos, «para prevenir la corrupción y la impunidad», lo mismo que medidas alternativas a la «prisión preventiva», buscando «revertir el colapso del sistema carcelario».

En cuanto al sistema de justicia penal, se propondrá la implementación de mecanismos de control ciudadano en los ministerios públicos, «para prevenir la corrupción y la impunidad», lo mismo que medidas alternativas a la «prisión preventiva», buscando «revertir el colapso del sistema carcelario».