No nos confundamos, si las instituciones policiales y las procuradurías funcionaran adecuadamente, no estaríamos discutiendo las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Si funcionaran, no estaríamos viendo impulsos crecientes de militarización, encauzados por la vía de tales reformas. Si funcionaran, sería mucho más fácil que todos entendiéramos que en un estado democrático de derecho la seguridad nacional es una función pública restringida para atender eventos excepcionales. Ironías de la historia, la Ley de Seguridad Nacional, que data del 2005, fue diseñada con la participación de destacados expertos independientes, animados por la idea de fortalecer la institucionalidad civil en esta función pública; seis años después, se proponen reformas que incluyen crear mecanismos jurídicos que regularicen la intervención militar. Vista así, la Ley de Seguridad Nacional es un retrato simbólico del repliegue civil y del avance militar.
Tendemos a descontextualizar los hechos. Somos proclives a olvidar la historia, incluso la más reciente. Propongo que hagamos justo lo contrario; de esta manera, queda claro que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional deben ser leídas como la fase superior de un fracaso de Estado en materia de seguridad pública y procuración de justicia. El caso de San Fernando, Tamaulipas, simboliza de manera escandalosa lo que afirmo. Por un lado, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional nos informa que las masacres sucedidas ahí han contado con la complicidad de policías municipales; por el otro, ha trascendido la valoración que operadores civiles y militares vienen haciendo en torno a la necesidad de decretar la suspensión de garantías en ese y otros municipios de tal entidad, lo cual implica desde luego acudir a la intervención militar. Ahí está el retrato, solo hay que juntar las piezas: el desastre en el que se encuentra la policía es la llave de entrada de las fuerzas armadas.
Es cierto que la inseguridad, la violencia y la delincuencia tienen causas multifactoriales, pero en el caso de México, entre esas causas figura de manera central la debilidad crónica, estructural y masiva del aparato policial y de las procuradurías, debilidad que, en grandes trazos, nos dibuja un escenario de corrupción e impunidad sistémicos. Debemos entonces expresar los hechos así: el debilitamiento de este aparato del Estado, más el fortalecimiento de la inseguridad, la violencia y la delincuencia es igual a la vía militar. Aclarando esta suma y su resultado podemos tomar perspectiva del pasado reciente, el presente y el futuro próximo. En otras palabras, de continuar la tendencia actual, seguirán agregándose actores que, de buena o mala fe, concluyen que la única salida para recuperar la seguridad es la militarización de la seguridad pública e incluso de la procuración de justicia, en el segundo caso por la vía de la regulación de funciones propias del ministerio público, como lo propone el documento de trabajo presentado por miembros del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, durante la etapa final del periodo ordinario que ayer concluyó.
Cuando Poiré refiere que las investigaciones arrojan la participación de policías locales en las masacres de San Fernando, una vez más señala la necesidad de acelerar la depuración de la policía [Reforma, abril 28, 2011]. Pero sabemos bien que esa depuración no llegará en el corto plazo, se apliquen o no los exámenes de control de confianza, dado el hecho de que los diseños y culturas institucionales policiales no permiten el saneamiento. Por si fuera poco, también en el terreno federal la crisis policial persiste y lo confirmamos con el diagnóstico que confirma la agonía de la AFI [La Jornada, abril 29, 2011], esa institución a la que algunos aplaudían en aquella marcha contra la inseguridad del 2004. No nos perdamos viendo los árboles, veamos el bosque. Los motivos más profundos que están detrás de la propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Nacional residen en el fracaso de Estado en materia de seguridad pública y procuración de justicia. El debate por tanto se debe recolocar. Lo que está en juego es la disyuntiva entre la vía civil y la militar.
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