La cifras oficiales advierten que cada año unos 25 mil migrantes son detenidos en la estación migratoria de Tapachula [Chiapas], tanto por agentes del Instituto Nacional de Migración como por policías municipales y estatales, pero el dato es «flojo», pues no incluye a quienes son privados de su libertad y extorsionados por organizaciones criminales «¡y hasta por bomberos!».

Así lo advierte Melisa Vértiz, operadora del Observatorio para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de los Migrantes en Tapachula, iniciativa de Insyde y el Centro de Derechos Humanos «Fray Matías de Córdoba», y quien en entrevista para Novedades desde Insyde explica las características del Observatorio y sus desafíos legales y operativos.

Entre estos retos, Melisa destaca «la falta de mecanismos ciudadanos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas aplicables a los cuerpos de seguridad» y una respuesta gubernamental «incapaz de mirar el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos».

Pensemos que soy un migrante centroamericano y deben explicarme cómo me ayudaría el Observatorio

Pensemos entonces que hay una posibilidad altísima de que te priven de tu libertad en cuanto ingreses a México, tanto agentes estatales como organizaciones criminales, y eso es lo que nos interesa prevenir y tratar, además de otros temas relacionados, como el debido proceso y las condiciones mínimas de tu detención.

En ese caso, ¿cómo  podrían ayudarme?

Bueno, ahora estamos en una fase donde identificamos los desafíos que debemos superar para brindar esa ayuda, y entre ellos están la falta de mecanismos ciudadanos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas aplicables a los cuerpos de seguridad y al Instituto Nacional de Migración (INM).

Por eso, uno de los objetivos principales es el monitoreo de las fuerzas de seguridad. Es cierto que el INM es quien tiene la competencia para detener a un migrante y que puede solicitar el apoyo de las policías municipal o estatal, pero sabemos de casos en que hasta los bomberos están deteniendo a los migrantes, extorsionándolos.

¿Bomberos?

¡Sí, bomberos! ¡Como en su uniforme está el logo del municipio, lo aprovechan y abusan! Eso habla de una discrecionalidad y falta de mecanismos para castigar estas violaciones.

Además está la discriminación. Hay, por ejemplo, discrecionalidad en el otorgamiento de programas sociales. Hemos documentado que, por ejemplo, a migrantes con estancia legal en el país se les está negando el programa Oportunidades, mencionando que es un programa sólo para mexicanos, aunque legalmente no existe fundamento, es discriminación, punto.

Y en esta primera fase, ¿qué otros desafíos han identificado?

Nuestro principal desafío, sin duda, tiene que ver con el contexto legal. Es decir, no existe hoy una política migratoria en el país, sólo acciones del gobierno federal que demuestran incapacidad e insensibilidad por mirar el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos, acciones encaminadas a la contención de los flujos migratorios, pero no tanto a la atención integral. Entonces, si no hay una ley migratoria, ¿qué vamos a monitorear? Y aquí es cuando decidimos que nuestro fundamento inmediato es el marco internacional de derechos humanos. Pero es complicado, porque el reto es adaptarlo al contexto mexicano y avanzar lo más rápido posible en la incidencia para crear una Ley de Migración.

Por otra parte, nos enfrentamos al desafío operativo que es la mala calidad e insuficiencia de la información que entrega el INM, y nos guste o no, son ellos de quienes dependemos en mayor medida, porque podemos obtener datos de entrevistas con los migrantes o de albergues, pero el INM tiene los datos duros.

Te pongo un ejemplo: el INM nos dice que cada año la estación migratoria de Tapachula detiene a 25 mil migrantes. Es un dato impactante, por supuesto, pero sabemos que es todavía flojo.

Durante su intervención, hablaba de casi una decena de aspectos a monitorear, pero ¿cómo monitorear tanto?

Es imposible, por supuesto, monitorear lo que pasa con todos los migrantes, quiero decir, operativamente. Por eso nuestro método será documentar casos paradigmáticos. Sabemos que no podemos observar todo lo que ocurra en materia migratoria, por eso lo que se pretende hacer, como premisa, es monitorear casos paradigmáticos que nos ayuden a visibilizar patrones de conducta constantes, que nos permitan conocer qué es lo que está ocurriendo, y a partir de un caso resolver una situación o cuando menos otros casos similares.

¿Cuáles son sus planes a largo plazo?

El ánimo es un día abarcar todo el país, pero más allá de ese ímpetu, nuestro primer diagnóstico nos dice que sería posible monitorear la frontera sur del país, hasta Veracruz o Tabasco, a largo plazo, por supuesto.

¿Cómo lograr que el Observatorio sea sustentable?