La Policía Estatal Preventiva (PEP) de Baja California hace historia. Será la primera institución policial de México y América Latina en someterse a un proceso técnico de certificación ciudadana.
El ejercicio modernizará sus procesos de operación, incorporando los más altos estándares de calidad en el servicio policial, de acuerdo con las normas internacionales, y estará a cargo del Centro de Certificación Profesional de Agencias Policiales (Certipol) de Insyde.
En una ceremonia para dar inicio al vanguardista proceso certificador, Cuauhtémoc Cardona Benavides, secretario de Gobernación del estado, invitó a los miembros de la PEP a «estar abiertos al proceso de certificación, pues es parte de la dignificación de la labor policial para que ser policía represente un proyecto de vida y de realización individual y familiar» [Secretaría de Seguridad Pública estatal, Mexicali, febrero 23, 2011].
A su vez, Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública del estado, adelantó que «este escrutinio permitirá consolidar una policía transparente, ordenada y abierta a los ciudadanos».
Detrás de este prometedor comienzo «hay cuatro años de investigaciones efectuadas en todo el mundo para traer estándares internacionales que permitirán a la PEP brindar un servicio más humano a su comunidad», advirtió durante la ceremonia Ernesto López Portillo Vargas, nuestro director ejecutivo.
El acto contó también con la presencia de José Carlos Vizcarra (presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública estatal), María Elena Andrade Ramírez (subprocuradora Zona Mexicali de la Procuraduría General de Justica estatal) y Oziel Arturo García Hernández (director de la PEP).
Entrevistado por Novedades desde Insyde, Alejandro Fontecilla, investigador de Certipol a cargo de la certificación, precisó que si bien con aquel acto protocolario dio comienzo oficialmente el proceso, hace algunos meses ya Insyde trabaja con la Secretaría de Seguridad Pública estatal para desarrollar las directrices mediante las cuales se calificará a la PEP, las cuales serán 163 en total.
En última instancia, añadió, se trata de que «la comunidad cuente con agentes profesionales, respetuosos y confiables, y que los propios policías desempeñen sus funciones de manera legal y con respeto a los derechos humanos, así como que sus condiciones laborales y su relación con los ciudadanos mejore sustancialmente».
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