Para el gobierno de Estados Unidos, el fundador de Wikileaks Julian Assange es un espía, y de llegar a procesarlo en un tribunal estadounidense sería bajo la anacrónica Ley de Espionaje, que data de 1917.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) dirigió una carta al presidente Barack Obama y al fiscal Eric H. Holder para instarlos a no procesar judicialmente a Julian Assange, precisando que su preocupación «no deriva de una empatía hacia Assange, pues de hecho creeemos que es vital que se revelen las fuentes de financiamiento de Wikileaks», sino de que se aplique una ley de espionaje a la transmisión de noticias, «cuando la legislación estadounidense ha protegido el derecho a publicar información de interés público por décadas».

En dicha carta, firmada por Paul E. Steiger y Joel Simon, presidente y director ejecutivo del CPJ, se advierte además que la Ley de Espionaje no fue concebida para aplicarla a los medios de comunicación, y de hacerlo «se pondría en grave peligro la libertad de expresión y de prensa».

Finalmente, el CPJ refiere que en los países donde la profesión periodística es más vulnerable, uno de los ataques sistémicos contra la prensa es encarcelar a reporteros y editores por publicar información que los gobiernos consideran «secreta». En Estados Unidos, por el contrario, «reconocemos que la libertad para ejercer el trabajo periodístico es ejemplar, y sería una pérdida incalculable que se manchara».