José Reyes Ferriz, alcalde priista de Ciudad Juárez [Chihuahua], acusa que la reforma del sistema penal fomenta la impunidad y produce más inseguridad; César Duarte, nuevo gobernador de Chihuahua, declara que «ser realmente garantista es para otro momento, no para el que hoy vivimos»; y Jesús Ortega, presidente del Partido de la Revolución Democrática, reivindica acertadamente el respeto al debido proceso, pero se equivoca de artículo constitucional sin que ningún medio lo hiciera notar.

Estos tres episodios son el punto de partida de  un  artículo de Marco Lara Klahr, consultor del Proyecto Presunción de Inocencia en México, de Open Society Justice Initiative, y coordinador de nuestro Proyecto de Violencia y Medios, donde los considera «útiles indicios de la manera y profundidad con las que la clase política conoce y piensa la reforma del sistema penal».

Apunta que estas declaraciones son relevantes porque en países donde fueron emprendidas reformas para transitar hacia sistemas penales de tipo acusatorio, los políticos y periodistas determinaron su consumación o influyeron para que «sobreviniera una perniciosa contrarreforma tendiente a devolver ciertos sistemas al obsoleto modelo inquisitivo».