El Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC-Insyde, celebra el anuncio de un inminente «Acuerdo por la Discreción», realizado por la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Karen Sánchez Abott, al clausurarse su encuentro anual, el 14 de octubre [2010], con la asistencia del presidente Felipe Calderón, en la Ciudad de México.

Considera preocupante, en cambio, que tal anuncio sobrevenga como una oferta al jefe del Ejecutivo y la consecuente posibilidad de que dicho acuerdo ─que entraría en vigor este mismo año─ vaya a enfocarse, según las palabras de la principal líder de empresarios de medios electrónicos, en el poco claro objetivo de «recuperar la estabilidad y el orden» en nuestro país ─sea lo que eso signifique.

Desde la sociedad civil y el periodismo, a través de su Proyecto de Violencia y Medios, durante más de seis años Insyde ha trabajado de manera consistente para contribuir con la democratización del sistema de medios, particularmente en el ámbito de la cobertura noticiosa de la violencia y el delito. Bajo el supuesto de que los medios periodísticos son actores clave en la construcción de sociedades seguras o inseguras, ha i) creado espacios de reflexión entre periodistas, académicos, servidores públicos y miembros de la sociedad civil; ii)  documentado y sistematizado la mayor y más actualizada información sobre el tema a nivel internacional; iii) producido un acervo enfocado en promover nuevos valores y prácticas periodísticas; iv) creado metodologías y espacios de profesionalización de periodistas, y v) difundido ampliamente su visión no sólo en cada una de las entidades federativas del país, sino en al menos 10 países de América Latina y el Caribe, América del Norte y Europa.

En esta tarea, Insyde se ha inspirado en los enfoques de la responsabilidad social de los medios y los periodistas, el periodismo cívico, el periodismo de paz y el periodismo sensible al conflicto, todo ello transversalizado por los derechos humanos (incluidos los de las audiencias, las libertades de información, los del debido proceso y los de personalidad), un espíritu que favorezca la transformación pacífica de los conflictos y la contribución a la cultura de legalidad.

Según consta en el Código Internacional de Ética Periodística de la Unesco, el periodismo ético no es el que se reduce a mantener la independencia respecto de sus fuentes y los poderes, sino aquel que, además, respeta una gama de derechos fundamentales de los ciudadanos, no mercantiliza la información y asume su responsabilidad frente a los problemas de la colectividad a la que pertenece. Así, en la medida en la que los medios noticiosos estandaricen bajo esos referentes éticos la producción y publicación de sus contenidos, serán más útiles socialmente.

La democracia ha desarrollado a través de cuando menos un siglo y medio normas legales, autorregulatorias y de contrapeso ciudadano de los medios. En tal sentido, un modelo de acuerdo entre pares (en este caso, los medios electrónicos) no tiene por qué ser un ejercicio de censura o autocensura, sino de autorregulación y responsabilización social de los medios frente a su comunidad.

En el caso de la violencia atribuida al crimen organizado, por ejemplo, si los medios informativos mexicanos no estandarizan sus contenidos ni se autorregulan, seguirán amparándose para publicar todo, afecte los derechos ciudadanos que afecte, en que si no lo hacen la competencia de todas formas lo hará y en que ellos no producen la violencia sino que sólo la reproducen para efectos noticiosos.

En específico, la modalidad de «Acuerdo por la Discreción» propuesta por la presidenta de la CIRT proviene de la experiencia colombiana y no fue concebida de ninguna manera para apuntalar la lucha anticrimen del gobierno, sino para evitar no sólo apologías del delito violento, sino afectaciones a derechos de los actores de las noticias y poner la agenda noticiosa al servicio de agentes criminales.

El 4 de noviembre de 1999, en Bogotá, 35 directores de los más influyentes medios informativos impresos y electrónicos colombianos firmaron, a instancias de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana, el «Acuerdo por la Discreción», cuyo objetivo explícito fue el de «elevar el nivel de calidad y responsabilidad en el cubrimiento y difusión de hechos violentos».

La iniciativa anunciada por Karen Sánchez Abott, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), será una gran noticia si de ella resulta un «Acuerdo por la Discreción» inspirado en la independencia y la responsabilidad social de las empresas de noticias, lo mismo que la producción y publicación informativa sobre el delito y la violencia basadas en la ética periodística y la legalidad.