En Insyde cumplimos ocho años, durante los que hemos ido navegando en un contexto inédito de violencia, caracterizado por el colapso del modelo de seguridad pública autoritario y un sistema de justicia penal anacrónico, pero también por una estimulante emergencia social —de la que hemos sido protagonistas— a favor de los derechos humanos, la no violencia y la convivencia democrática.

Superando los más complejos desafíos, en ese tiempo hemos producido espacios de reflexión y debate, sistematizado y diseminado metodologías y herramientas, y trabajado con instituciones policiales y judiciales, centros académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, promoviendo la democratización de las políticas de seguridad pública y la reforma policial bajo estándares internacionales; la adecuada implementación de la reforma procesal penal; la ampliación y fortalecimiento de las redes sociales, y un periodismo que al informar considere, respete y promueva los derechos, la legalidad y la paz social.

El Portafolio de Incidencia y la Numeralia, que publicamos durante el primer semestre de este año, muestran con toda claridad lo logrado, área por área, gracias sobre todo a la energía, calidad y entusiasmo de nuestro capital humano.

La Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal [DIAP], creada a principios de 2011, ofrece un «Plan de seguridad pública para municipios y estados» y un «modelo de policía de solución de problemas», así como el acompañamiento en la constitución de observatorios civiles de la policía, la violencia y el delito, y ha puesto en marcha un inédito proceso de certificación ciudadana de las policías estatales de Nuevo León y Baja California.

El antecedente de la DIAP fue la Oficina de Investigación y Reforma Policial, la cual hizo más de 400 recomendaciones de reforma y unos 40 protocolos de operación a diversas instituciones policiales, e intervino directamente en ocho estaciones de policía con un diagnóstico de rendición de cuentas.

De manera complementaria, la Oficina de Servicio Técnico a la Sociedad Civil [OST] trabaja en el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas relacionadas con la reforma democrática de la policía, y la protección y defensa de los derechos humanos, teniendo como prioridad a los migrantes; a propósito, en marzo pasado implementó el Observatorio para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de los Migrantes en Tapachula [Chiapas], aliado con el Centro de Derechos Humanos «Fray Matías de Córdova», y en el mismo mes organizó en la Ciudad de México el Seminario Internacional de Observatorios Ciudadanos 2011, al que asistieron representantes de 18 observatorios de México, Guatemala, Panamá, Ecuador y Colombia.

La OST ha organizado unas 60 actividades públicas, convocando a más de 400 especialistas nacionales e internacionales y a cerca de 3 mil 500 asistentes.

El Proyecto de Violencia y Medios ha tenido una intensa agenda durante el primer semestre de este año, que incluye estancias en Argentina, El Salvador y Suiza, impartiendo conferencias, cursos y talleres para la profesionalización del periodismo policial y judicial, y diseminando una visión del quehacer periodístico como agente proactivo en la resolución de problemas estructurales relacionados con la violencia y el delito, aparte de promover modelos democráticos de comunicación institucional y contribuir a empoderar ciudadanos para un consumo responsable de noticias.

Este Proyecto suma ya más de 350 talleres y conferencias, formando de manera directa a más de mil periodistas y distribuyendo, mano a mano, por lo menos 8 mil ejemplares de material didáctico de su propia producción.

Su coordinador fundador, Marco Lara Klahr, opina que este proyecto «ha forjado un liderazgo internacional basado no sólo en la diseminación de una perspectiva acerca del papel social de la industria noticiosa y el periodismo en la convivencia democrática, sino en la producción teórico-práctica, a través de libros y manuales, y la aplicación de pedagogía para un periodismo proactivo en la resolución de los problemas de su comunidad, digno, ético y profesional».

A su vez, el Proyecto Presunción de Inocencia en México, de Open Society Justice Initiative y del cual Insyde forma parte con otras organizaciones mexicanas, ofrece entre otros servicios asistencia técnica en el diseño e implementación de programas de medidas cautelares, siendo uno de sus más importantes logros el impulso y apoyo técnico para la creación de la Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes en Cuernavaca [Morelos], funcionando desde febrero de este año.

Por supuesto, la asistencia financiera y conceptual de agencias como Open Society Institute, The National Endowment for Democracy, Fund for Global Human Rights, MSI USAID, la Embajada de Irlanda en México, Ford Foundation, MacArthur Foundation, General Service Foundation, y la Delegación de la Unión Europea en México ha sido esencial en todos estos logros. Sin duda, hemos navegado estupendamente acompañados.