• Edgar Baltazar [DIAP]

El escenario de inseguridad en el país es un tema primordial en las agendas gubernamental y ciudadana. Tanto desde el Estado como desde la sociedad civil existen iniciativas dirigidas a la atención de ese problema; sin embargo, parece haber más divergencias que convergencias entre ambas, relacionadas con la concepción del modelo de seguridad.

Al favorecer el paradigma de la seguridad pública, los esfuerzos gubernamentales se enfocan en el control social y la represión del delito. En el centro de las políticas de seguridad se encuentra la preservación del orden público, se confunden riesgos entre seguridad pública y seguridad nacional, son blandos o nulos los controles sobre la fuerza represiva del Estado y el ciudadano es concebido como un simple receptor de las decisiones tomadas por una estructura política separada de la sociedad. Desde este paradigma, la participación ciudadana se limita a la denuncia y la transparencia suele verse como un riesgo para el buen funcionamiento del sistema punitivo.

Sectores significativos de la sociedad civil exigen el fin de tal modelo, proponiendo en cambio una concepción multidimensional del problema en cuestión; consideran pertinente trabajar en la prevención del delito y las violencias, vinculando políticas de desarrollo social, empleo y educación. Proponen, pues, un paradigma de seguridad ciudadana, donde el centro de la política de seguridad ya no sean el orden público y la legitimidad de la clase política, sino la seguridad individual y colectiva, en un marco de promoción de la convivencia ciudadana y los derechos humanos. Esta concepción se considera incompatible con la de un Estado que legaliza la administración de la opacidad, el castigo y la venganza.

Son apremiantes entonces mecanismos de interlocución entre sociedad y gobierno, que permitan la co-construcción de mejores condiciones de seguridad y la democratización de las políticas. Uno de esos mecanismos se encuentra en la figura de los observatorios ciudadanos de seguridad, órganos autónomos, interdisciplinarios e intersectoriales, donde desde la sociedad civil, en interlocución con el gobierno, se analiza información oficial y propia en materia de seguridad, a fin de dirigir recomendaciones de política pública. Para esto es necesario tener una sociedad civil y un gobierno abiertos al diálogo.

En América Latina existen varias experiencias al respecto. El Observatorio Centroamericano sobre Violencia es un espacio técnico para el análisis y difusión de información sobre criminalidad regional. El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de Quito realiza un monitoreo epidemiológico de las violencias, además de difundir información sobre estrategias para prevenirla y atenderla. La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con un Observatorio de Seguridad Ciudadana ocupado de analizar estadísticas de criminalidad y políticas públicas de seguridad, además de realizar investigaciones y encuestas de percepción y victimización.

Estos ejemplos asumen un perfil profesional que recupera la demanda ciudadana por conocer la situación del estado de la seguridad y a su vez entabla un diálogo propositivo con las autoridades. Tales experiencias han demostrado que un gobierno más transparente y una sociedad propositiva y mejor informada, pueden hacer sinergia en la exploración de alternativas viables para la atención de un problema de interés común.

Al compartir la preocupación de la sociedad civil que exige un cambio de paradigma, y asumiendo una actitud de interlocución y propuesta ante las autoridades, Insyde promueve la instalación de observatorios ciudadanos de seguridad. De hecho, acompaña a grupos ciudadanos dedicados a en instaurarlos en la ciudad de Oaxaca y el municipio de Naucalpan [Estado de México].

El Observatorio Ciudadano de Seguridad y Convivencia de la Ciudad de Oaxaca es promovido en conjunto por Insyde y el Consejo de Participación Ciudadana de la PGR en la entidad. Tendrá carácter metropolitano y se encargará de monitorear indicadores base para los 20 municipios que conforman esa capital. Retomarán también buenas prácticas comunitarias para impulsar programas de convivencia y prevención comunitaria del delito y la violencia.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Convivencia de Naucalpan es promovido por un grupo de ciudadanos interesados en mejorar las condiciones de seguridad en sus comunidades.

Este grupo encontró en Insyde el apoyo técnico para la conformación de una herramienta que le proveerá de información confiable y estratégica para la ejecución de proyectos ciudadanos. Parte de esto es el diseño en curso de un proyecto ciudadano para el rescate de cierto espacio público en el municipio.

Ambos casos son ejemplo concreto de un cauce ciudadano propositivo, constructor de un nuevo paradigma de seguridad, basado en la participación de los ciudadanos y su interlocución con el gobierno. El camino será largo, pero estamos seguros de que los primeros pasos consisten en asumir una actitud de rigor y compromiso con un modelo democrático de seguridad.