Debates, protestas sociales, negociaciones tan complejas como infructuosas... caracterizaron los diez días [noviembre 29-diciembre 10, 2010] de la 16ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), mejor conocida como «COP16», en Cancún [Quintana Roo].

La comunidad internacional estuvo atenta a este suceso no sólo por los efectos cada vez más inquietantes y devastadores del cambio climático, sino  porque, como sucedió en la Cumbre de Copenhague [2009], los 194 países que integran la CMNUCC no lograron establecer un compromiso global superior a sus respectivos intereses económicos que diera continuidad al frustrado Protocolo de Kioto (acuerdo internacional firmado en 1997 donde los países industrializados, excepto Japón y Estados Unidos, pactaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en un tiempo perentorio), el cual termina en  2012.

Al final, pese a la firma de 13 acuerdos importantes en materia de financiamiento (Fondo Verde) y transferencia tecnológica, la inconformidad de la sociedad civil organizada y aún de ciertos gobiernos se centró en la reducción de emisiones de gases contaminantes, pues 1) no se completaron las acciones para prorrogar el Protocolo de Kioto; 2) Japón sigue negándose a participar en éste, y 3) países como Estados Unidos, China, India y Brasil no quedaron obligados a bajar sus emisiones, sino sólo a reducir el ritmo de crecimiento de éstas.

Wendel Trio, director de Política Climática de Greenpeace Internacional, expresó que en la COP16 «no logró concretarse un acuerdo global jurídicamente vinculante para que los países logren movilizarse hacia una economía verde» [El Economista, diciembre 10, 2010]. Y según Amigos de la Tierra Internacional, «este acuerdo brinda una plataforma para abandonar el Protocolo de Kioto, reemplazándolo con un sistema débil de promesa».

Pablo Solón, representante del gobierno de Bolivia, único país que no firmó el acuerdo final de la COP16, denunció que los convenios «Quieren matar Kioto y abrir la puerta a un mecanismo más flexible» [El País, diciembre 12, 2010].