Aunque rezagado, México completa unas dos décadas ─desde principios de los noventa─ de plena informatización (automatización computarizada de datos) de sus relaciones sociales.
1) La industria de modelo post-fordista, con su cadena de producción robotizada; 2) las telecomunicaciones y las industrias de la información y las noticias, dependientes de satélites, fibra óptica y enormes redes; 3) el tránsito de los medios electrónicos analógicos a los digitales; 4) el gobierno, incluidas las instituciones de la política criminal, interconectado crecientemente hasta el despliegue de la Plataforma México; 5) el comercio y los servicios, con sus procesos digitalizados; 6) los intensos flujos financieros a través del espacio virtual; 7) los más de 25 millones de computadoras domésticas conectadas a Internet, millones de cuyos usuarios pertenecen a redes sociales, y 8) las instituciones educativas, que han incorporado a sus planes de estudios y aulas la tecnología computacional.
Esto significa la irrupción de un espacio público virtual alterno, interactuante y complementario del espacio público, digamos, real. Y si en éste hay (o debiera haber) un Estado, leyes, derechos ciudadanos, instituciones democráticas, gobernantes y gobernados, y contrapesos democráticos e interés público, no tendría por qué no haberlos en aquel (el virtual), con sus particularidades al caracterizarse por ser descentralizado y atomizado.
En Estados Unidos, Inglaterra, España y otros países de cultura y economía más desarrolladas, este fenómeno ha implicado la construcción de instituciones e investiduras políticas ad hoc, especializadas en ciberseguridad, bajo el supuesto de que en el espacio virtual, además de todo lo dicho, hay ─como en el espacio real─ poderes fácticos lucrando con la ilegalidad, saltando de uno a otros espacio de forma permanente.
Entretanto, en México se habla del ascenso a la posmodernidad con la Policía Cibernética, cuando los desafíos de la seguridad exigen no sólo un puñado de agentes que no pasan de ser avezados cibernautas, rastreando sospechosos, particularmente relacionados con explotación sexual de niños, trata de personas y fraudes financieros.
Es apremiante una política e instituciones de Estado especializadas en ciberseguridad democrática, incluyendo ciberpolicías sin duda. La red de la Casa Blanca ha sido hackeada y tirada en un par de ocasiones. Gran parte de las operaciones del crimen organizado se dan desde Internet. Una previsión es que el próximo atentado terrorista de alcance global (el venidero 11/S) será virtual, es decir, contra bases de datos digitales y redes estratégicas que producirán un daño social de grandes proporciones.
Insyde puede convertirse en actor fundamental en el debate y el establecimiento de cimientos teóricos y empíricos hacia la construcción de la ciberseguridad democrática, interdependiente de la seguridad ciudadana. [Marco Lara Klahr]
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