El gobierno federal anunció que a partir de octubre [2010] «comenzará a aplicarse un plan de protección similar al que ha logrado reducir los asesinatos de periodistas en Colombia en la última década». Para Gonzalo Marroquín, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se trata de «un paso muy importante porque se ha demostrado muy eficaz en Colombia, que de ser el país con el mayor número de asesinatos de periodistas hace una década, ha pasado a ocupar el cuarto puesto, con una reducción significativa de los crímenes».

Esta reacción gubernamental se da tras diversas expresiones de protesta y foros donde los periodistas han repudiado la impunidad de las organizaciones criminales y servidores públicos al intimidar y ser capaces de controlar a los medios noticiosos en diversas ciudades del país.

Una de las iniciativas más relevantes la encabezaron el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la SIP: el Foro «México bajo el asedio del crimen organizado» [septiembre 23, 2010, Ciudad de México], con la participación de directivos editoriales de Milenio, Imagen de Zacatecas, RíoDoce (Sinaloa), Zeta, El Siglo de Torreón y El Diario de Ciudad Juárez, así como de María Teresa Ronderos, de la organización colombiana Verdad Abierta y la junta directiva del CPJ; Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP; Jorge Zepeda Patterson, director editorial de El Universal, y ejecutivos del CPJ y la SIP.

Durante una de las mesas de trabajo, Patricia Mercado, directora del diario Imagen de Zacatecas, resaltó que «faltan protocolos de protección para los reporteros ante el hostigamiento de grupos criminales». A su vez, Pedro Torres Estrada, director editorial de El Diario de Ciudad Juárez, lamentó que «las amenazas a reporteros y a la redacción hacen que las notas se reporteen de manera muy básica».