Ya constituidos, al tiempo que lideraban bloqueos de caminos y otras expresiones de protesta, documentaron la complicidad de caciques de la Unión de Ejidos Rubén Figueroa, quienes falsificaban sellos de autoridades ambientales para devastar impunemente los bosques. En seis meses lograron que Boise Cascade se marchara de la zona, aunque fue victoria fue efímera, pues la Unión de Ejidos Rubén Figueroa, arguyendo la presencia de grupos armados, solicitó la presencia del Ejército. El 2 de mayo de 1999, Teodoro y Rodolfo fueron detenidos por militares del 40 Batallón de Infantería.

Acusados de sembrar mariguana y portar armas de uso exclusivo del Ejército, fueron torturados, encarcelados y finalmente obligados al exilio durante dos años. Hoy protagonizan un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado mexicano de tortura y otras violaciones a sus derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC (Centro Prodh), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), asumieron la defensa legal de los «campesinos ecologistas», encomendando a nuestro director ejecutivo, Ernesto López Portillo Vargas, el peritaje que presentaron finalmente en audiencia pública ante la CIDH [agosto 26, 2010, San José, Costa Rica].

Bajo el elocuente título de Ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en su participación en labores de seguridad pública, el documento precisa que al ser llamado el Ejército «a participar en tareas propiamente policiales, debe estar sujeto a los mismos estándares en materia de rendición de cuentas, transparencia y uso de la fuerza», así como a «controles internos y externos para garantizar el cumplimiento de tales obligaciones».