Luego del asesinato de 72 migrantes centroamericanos presumiblemente a manos del crimen organizado, en San Fernando, Tamaulipas [agosto 25, 2010], mediante un comunicado cancilleres y ministros de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana exhortaron al gobierno mexicano a instalar un observatorio de derechos humanos regional que contribuya a proteger a los migrantes durante su paso por México hacia Estados Unidos, así como a no abandonar las investigaciones que permitan esclarecer el crimen.

Sin embargo, en nuestro país, el saldo político de esta masacre ha sido apenas perceptible hasta ahora; se redujo a  la destitución de Cecilia Romero como comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM).

Es en tal contexto que Insyde y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC, presentaron el naciente Observatorio para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de los Migrantes, cuya sede estará en Tapachula [Chiapas], y sus antecedentes se remontan a tres años de trabajo.

Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde; Laura Díaz de León, coordinadora de nuestra Oficina de Servicio Técnico a la Sociedad Civil, y Fermina Rodríguez, directora del Centro Fray Matías de Córdova, AC, presidieron la presentación de dicho instrumento ciudadano en la Ciudad de México [septiembre 6, 2010].

En aquel acto, nuestro director ejecutivo enfatizó en que el Observatorio no ejercerá labores de defensa jurídica ni asistencia social a los migrantes, sino que «será un espacio que denuncie y proponga cambios estructurales en el INM». A su vez, Fermina Rodríguez precisó que «contra los migrantes no sólo actúan delincuentes, sino también corporaciones policiales establecidas en la frontera».

De este modo, el Observatorio creará una base de datos para documentar abusos contra migrantes, identificará problemas estructurales de la política migratoria y realizará propuestas de reingeniería organizacional y manuales de procesos para las policías que actúan de la zona, y los propios agentes migratorios.

Haciendo eco de la solicitud de los cancilleres centroamericanos, Laura Díaz de León afirmó por su parte que el Observatorio «no va a reemplazar a ninguna organización de la sociedad civil en misión, operación ni en acción», sino que establecerá alianzas estratégicas con organizaciones y autoridades regionales.