En América Latina y El Caribe están diez de los 15 países con mayor desigualdad en el mundo. Padres heredan pobreza a sus hijos y mientras más precaria es su posición económica, las aspiraciones a una carrera universitaria son más inciertas, por lo que la movilidad social es mínima, asienta el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y El Caribe 2010/Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En el Informe, Sabina Alkire, directora de la Iniciativa para la Pobreza y el Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, aporta un análisis esclarecedor: «La esperanza es la actitud emblemática de quienes buscan una vida mejor. Las aspiraciones marcan una división invisible entre quienes han dejado de combatir su empobrecimiento y los agentes activos que luchan por crear un cambio positivo para sí mismos y para sus familias».
Como ella, Michelle Bachelet, Laura Chinchilla, Álvaro Colom Caballeros, François Bourguignon, escritores, actores y músicos han hecho públicas sus reacciones al Informe, las cuales pueden consultarse en el sitio Web del PNUD.
Dicho documento advierte que el combate a la pobreza no basta para reducir la desigualdad, sino que deben generarse espacios de «libertades efectivas», donde cualquier persona tenga «acceso a bienes y servicios, pero además juegue un papel activo en su propio desarrollo, incidiendo responsablemente sobre su vida y su entorno».
Analiza también los principales indicadores de desarrollo humano (ingreso, salud, educación), introduciendo una novedosa medición de la importancia que una sociedad otorga a la desigualdad.
Contiene un apartado sobre las aspiraciones profesionales y económicas de los ciudadanos, así como sus percepciones en cuanto a representatividad política, debilidad institucional y corrupción, del que se desprende que los obstáculos para el desarrollo equitativo se reproducen tanto en el hogar como en el sistema político.
Al final incluye propuestas de políticas públicas que tienen como eje de acción la participación ciudadana, es decir, donde «las personas se asuman como agentes de su propio desarrollo».