Si bien ya no está confinada en una celda, no termina de ser libre. «Mi familia gastaba mil pesos cada vez que iba a verme a la cárcel. Todavía tenemos deudas que pagar. No podemos acabar de estar encerradas». Es la voz de Teresa González, mujer ñhañhú encarcelada en agosto de 2006 acusada con otras mujeres de secuestrar a seis agentes federales en Santiago Mexquititlán, Querétaro. La absolvieron y liberaron el 28 de abril [2010], tras hurtarle cuatro años de vida.

Sentada a su lado, Alberta Alcántara cuenta minutos después una historia semejante, de cara a una audiencia conformada por decenas de  académicos, activistas sociales, periodistas y ciudadanos de a pie a los que resulta difícil asimilar este absurdo del sistema de justicia penal mexicano.

Teresa y Alberta rindieron su testimonio durante el lanzamiento [agosto 26, 2010, Casa del Risco, Ciudad de México] de la campaña Violar la presunción de inocencia, ¿cuánto nos cuesta? Insumos para un México con justicia, del Proyecto Presunción de Inocencia en México (PPIM), de Open Society Justice Initiative (OSJI) en alianza con Renace, Insyde y Reintegra.

«Habría que revisar si privar de la libertad sigue teniendo sentido, si ése es el tipo de castigo que en el siglo XXI tenemos que privilegiar», cuestionó antes, al abrir el acto el ombudsman capitalino Luis González Placencia, quien comentó las cuatro nuevas publicaciones de OSJI presentadas durante el mismo acto.

Enseguida, Eduardo Gallo, director de México Unido contra la Delincuencia, expuso que «hay todo un sistema que funciona a la inversa en la prisión preventiva. A los presos sin condena se les capacita como delincuentes dentro de las cárceles: la prisión preventiva se convierte en una universidad del crimen». Lo dijo en el contexto de la mesa-debate «La presunción de inocencia en México, ¿para qué, para quién?», moderada por el periodista Carlos Puig, y en la que también participaron Ana Laura Magaloni (investigadora del CIDE), Guillermo Zepeda (investigador y autor de dos de las obras presentadas) y Javier Carrasco (director del PPIM).

Este último, por cierto, destacó las diferencias entre el sistema de justicia penal inquisitorial hoy vigente en México y el acusatorio, que entraría en vigor con la reforma penal de 2008, en un lapso de 8 años: «En el nuevo sistema se propone un mecanismo probado con éxito en otros países, en el cual las partes acusada y acusadora llegan a debatir frente a un juez, y no sólo se contempla el tipo de delito que supuestamente se cometió, sino las características del detenido: dónde vive, su arraigo comunitario, si trabaja o no, si estudia, si tiene adicciones».

En un intermedio fue proyectado el tráiler de Presunto culpable, documental de Roberto Hernández (2008), que cuenta la historia de Toño y su caso de prisión sin condena.

Marco Lara Klahr, periodista y consultor de OSJI, presentó el Website del PPIM, un medio dirigido, particularmente, a periodistas.