La «guerra» contra el narcotráfico, pilar del plan de seguridad pública del presidente Felipe Calderón, ahora se abre al escrutinio de la sociedad civil. Insyde y otras diez organizaciones ciudadanas fueron convocadas por el propio presidente a participar en el «Diálogo por la seguridad: hacia una política de estado» [agosto 2, 2010, Campo Marte], durante el cual les solicitó propuestas para «fortalecer y perfeccionar» la actual estrategia, que oficialmente ha costado hasta hoy unas 28 mil muertes.
La depuración y profesionalización de la policía; la legalización de las drogas; el seguimiento al Observatorio Ciudadano propuesto en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; sistemas de rendición de cuentas policial; la creación de la figura del Auditor Independiente de la Policía, y el combate al lavado de dinero fueron algunos de los puntos abordados durante la reunión.
En el caso de la legalización de las drogas, Eduardo Gallo, presidente de México Unido Contra la Delincuencia, apuntó que es importante tenerlo como «plan B, pues si el plan A no nos da el resultado inmediato, legalizarlas nos lo puede dar prácticamente de un solo golpe».
El presidente advirtió, a su vez, que «el poder de los ciudadanos es el impulso que le hace falta al Estado en este momento», y pidió «ir más allá de un simple reparto de culpas» para construir alternativas de seguridad ciudadana efectivas. Luego resaltó la importancia de que los ciudadanos vigilen y exijan «resultados concretos a todas las autoridades del país».
Días antes, el 30 de julio [2010], Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de nuestro Instituto, participó en una reunión con Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, para con diversas organizaciones formalizar un acuerdo que garantizara que el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) seguiría a cargo de la Encuesta Nacional de Victimización, tras publicarse un decreto que entrega al Instituto Nacional de Estadística y Geografía dicha atribución.
A esta última reunión también asistieron Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y representantes de ICESI, México Unido Contra la Delincuencia, México SOS, México Evalúa, las fundaciones Alto al Secuestro y Causa Ciudadana, así como Transparencia Mexicana y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal.
Para nuestro director ejecutivo, ambas reuniones «implican una oportunidad histórica de incidencia y colocan a nuestro Instituto como interlocutor directo de las más altas autoridades en materia de seguridad».
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