El corporativo estadounidense Boise Cascade obtuvo en 1995, de manos de Rubén Figueroa Alcocer, entonces gobernador de Guerrero, los derechos ilimitados para explotar los bosques de Petatlán. Tres años después, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, dos campesinos de la zona, comenzaron una defensa ambiental, impulsando la creación de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuya de Catalán. Bloquearon caminos y documentaron la complicidad de caciques de la Unión de Ejidos Rubén Figueroa, quienes falsificaban sellos de autoridades ambientales para devastar impunemente los bosques.

Seis meses después del surgimiento de dicha organización, Boise Cascade se marchó de la zona, los campesinos habían ganado… o eso parecía: la Unión de Ejidos Rubén Figueroa, argumentando la presencia de grupos armados, solicitó la presencia del Ejército,  y el 2 de mayo de 1999 Teodoro y Rodolfo fueron detenidos por militares del 40 Batallón de Infantería.

Acusados de sembrar mariguana y portar armas de uso exclusivo del Ejército, fueron torturados, encarcelados y finalmente obligados al exilio durante dos años. Hoy protagonizan un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado mexicano de tortura y, en general, violación de sus derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC (Centro Prodh), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), asumieron la defensa legal de los «campesinos ecologistas», encomendando a nuestro director ejecutivo, Ernesto López Portillo Vargas, el peritaje que presentaron finalmente en audiencia pública ante la CIDH [agosto 26, 2010, San José, Costa Rica].