Casi la mitad de la población carcelaria en México está encerrada sin una condena formal: es decir, en «prisión preventiva», un castigo anticipado que hoy afecta a 90 mil mexicanos, e impone al Estado, los propios detenidos y sus familias, y a la comunidad un costo anual superior a diez mil millones de pesos ─tanto por gastos directos e indirectos de manutención, como por la corrupción.

Estos y otros datos elocuentes, incluidos en ¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México, de Guillermo Zepeda Lecuona, fueron el punto de partida para los primeros debates organizados durante la campaña Violar la presunción de inocencia, ¿cuánto nos cuesta? Insumos para un México con justicia, del Proyecto Presunción de Inocencia en México (PPIM) ─liderado por Open Society Justice Initiative (OSJI) en alianza con Renace, Insyde y Reintegra─, en las ciudades de México [agosto 26, 2010], Monterrey [agosto 31, 2010] y Guadalajara [septiembre 9, 2010].

Durante las tres jornadas, voces de la sociedad civil, investigadores, periodistas y funcionarios públicos debatieron acerca de los costos sociales y económicos que produce el que en México la «prisión preventiva» sea aplicada de manera sistemática e indiscriminada.